Los 22 voceros de las parroquias caraqueñas al Consejo Federal de Gobierno, doce de los cuales manifestaron estar desempleados, se reunieron ayer en el salón Luis Beltrán Prieto Figueroa, en el edificio José María Vargas (Pajaritos) de la Asamblea Nacional para rechazar la acusación que agentes de la oligarquía vienen realizando contra la Ley Orgánica del CFG.
Calificaron como absurdo el señalamiento de que la referida Ley vaya a restar competencias de las Alcaldías y Gobernaciones para transferirlas a las Comunas.
Morella Guillén, vocera de la parroquia Altagracia, puntualizó que el colectivo congregado rechazaba la acción de Primero Justicia, partido de la derecha que interpuso una acción contra la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno ante el Tribunal Supremo de Justicia.
“Para nosotros es una ley que estimula a la participación soberana de cada una de las comunidades, pero la oposición no quiere nada bueno para el pueblo, pero el 26 de septiembre tendremos otras leyes, como la de las Comunas, la Ley de Participación Popular y la Ley de Contraloría Social para darle un vuelco a esta patria soberana”, indicó.
“En esta reunión estamos discutiendo cada uno de los artículos y hemos evidenciado que no tiene razón de ser el desacuerdo que ellos (oposición) mantienen, y menos aún que interpongan ante el TSJ un recurso de amparo”, agregó.
PODER AL PUEBLO
Como representante de La Vega habló José Ramón Carusi, quien señaló que una de las conclusiones fue fijar posición colectiva clara en relación a rechazar la posición absurda de la oposición para entorpecer la labor del Gobierno bolivariano.
“Nosotros refutamos esa situación porque nunca se le había dado poder al pueblo, nunca habíamos hecho el trabajo desde las bases como lo hacemos hoy en día, y todo gracias a las políticas incluyentes de este Gobierno revolucionario”, aseguró.
Carusi recordó que las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional antes han sido consultadas y sometidas al parlamentarismo de calle, mecanismo de consulta y participación en el que se han involucrado decididamente las comunidades.
También negó la acusación según la cual la Ley pretende quitarle competencias ni funciones a las Gobernaciones y Alcaldías. Adujo que el principio es concederle al pueblo organizado la potestad y la responsabilidad de avanzar en la mejora de sus espacios y de sus ciudades mediante la ejecución de presupuestos.
“Ellos refutan esas leyes porque lo que le interesa en seguir mandando a la gente como si fuéramos borregos. Pero ya el pueblo está organizando y poco a poco va asumiendo la gestión pública, que practicamos cada vez que nos reunimos en una Mesa Técnica o Mesa de Trabajo”, añadió Carusi.
Carusi desechó la acusación de que la Ley no se había legislado, pues él mismo participó en el parlamentarismo de calle, que la enriqueció en propuestas que se integraron al instrumento final. “Ellos no tienen argumentos, simplemente están en contra de la gente que va asumiendo el poder, lo que quieren es decir desde arriba, como cúpulas, mandando a la gente, pero nosotros decidimos ser libres y esas leyes se están haciendo para un pueblo libre y que quiere seguir siendo libre organizándose a través de los Consejos Comunales y las Comunas. Lo que estamos es cambiando las estructuras, sacándolos a ustedes (oposición) para que el pueblo asuma la responsabilidad que le corresponde”.
Wilmer Rojas, vocero de la parroquia El Junquito, manifestó que acordaron redactar un documento en el que respaldan abiertamente la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y, al mismo tiempo, que rechazan de forma categórica las acusaciones infundadas que han hecho los partidos políticos de la oligarquía.
“Los próximos días estaremos entregando ante el TSJ este documento que recoge nuestras deliberaciones y todo nuestro apoyo a la Ley del CFG”, indicó Rojas.
El CFG es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los estados, municipios e incluso comunidades.