William Brownfield reaparece para conspirar contra el diálogo

Las declaraciones durante una audiencia ante el Senado del subsecretario de legalidad y antinarcóticos del Departamento de Estado de EEUU contra Colombia y Venezuela lo ponen al frente de las operaciones diplomáticas que van adecuando el camino hacia la intervención militar (regular o no) en Venezuela. La excusa viene rodando desde hace algún tiempo: el “narcoestado”

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Brownfield fue el penúltimo embajador estadounidense en Venezuela, gestionó entre agosto de 2004 y julio de 2007. Proveniente de Chile, sucedió a Charles S. Shapiro, el operador de la jornada golpista de 2002-2004 y patrocinante de la Coordinadora Democrática. Desde 2007, Brownfield fue embajador de Colombia hasta octubre de 2010, y allá su trabajo contra Venezuela no se detuvo. A partir de enero de 2011 ha servido como Subsecretario de Estado para la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), adscrito a la Cancillería estadounidense.

La sección que dirige busca prestar asistencia a los Estados foráneos para identificar y enjuiciar la corrupción, sin embargo, en ejercicio de ese cargo en el año 2013 encubrió a agentes de la DEA que participaron en una masacre de pescadores en Honduras.

En un cable enviado al Comando Sur de los Estados Unidos en 2006 y publicado por WikiLeaks, se describe cómo encabezó un plan integral para infiltrar y desestabilizar al Gobierno de Hugo Chávez junto a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Iniciativas de Transición (OTI, por sus siglas en inglés). Algunos objetivos fueron 1) penetrar la base política de Chávez, 2) dividir el chavismo, 3) proteger los negocios vitales de Estados Unidos y 4) aislar a Chávez internacionalmente.

En ese entonces la Usaid financió 3 mil foros de “encuentro” entre chavistas y antichavistas con aproximadamente 1 millón de dólares para erosionar lentamente el movimiento bolivariano. Entre 2004 y 2006, la Usaid donó alrededor de 15 millones de dólares a más de 300 organizaciones y ofreció apoyo técnico vía OTI para “reforzar las instituciones democráticas”. En 2006, Chávez triunfó en las elecciones presidenciales (62%), en 2007 el chavismo perdió por escaso margen el referéndum sobre la propuesta de reforma constitucional (menos del 1% de diferencia), en 2008 ganó las elecciones regionales y locales (52,1%) y en 2009 triunfó en el referéndum aprobatorio de la enmienda constitucional (55%).

LA PROMESA QUE NO RESUELVE, PERO PROMETE

En agosto pasado anunció su intención de retirarse de su actual función a finales de septiembre debido a que es uno de los principales candidatos del secretario de Estado Rex Tillerson al cargo de subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, algo así como el vicecanciller gringo para Latinoamérica. Un experto palaciego en temas latinoamericanos de la Casa Blanca ha dicho que “cuando se trata de manejar la situación en Venezuela, no hay nadie mejor que Brownfield para ese trabajo”.

Durante su carrera recibió el Premio de Servicio Distinguido del Secretario y fue tres veces ganador del Premio de Rendimiento Presidencial. Sin embargo, es conocido el resultado de sus dos últimos empleos: Colombia se mantiene como el mayor productor de cocaína a nivel mundial con base en la superficie plantada de coca. Para 2015, el Sistema Integrado de Monitoreo dde Cultivos Ilícitos de la ONU (Simci) reportó 96 mil hectáreas de narcocultivos, equivalente a un 39% de incremento con relación al 2014. Para 2016, entre 145 mil y 150 mil hectáreas con un porcentaje de crecimiento entre el 45% y 50% con respecto a 2015. La producción de cocaína ese año llegó a las 900 toneladas métricas cuando en 2015 fue de 646 toneladas métricas.

Brownfield ha culpado de dichas cifras a las FARC (en pleno proceso de desmovilización y reinserción política) y a la decisión del Gobierno de Santos de acabar en 2015 con la aspersión aérea de los cultivos con un compuesto cancerígeno como el glifosato.

No pudo sacar a Chávez del poder ni derrotar al chavismo, tampoco logró disminuir (más bien aumentó) el narcotráfico desde la embajada estadounidense en Bogotá ni dirigiendo la política antinarcóticos desde Washington. Sin embargo, para Tillerson y uno de los sectores que disputa el poder en la Casa Blanca, William Brownfield es una promesa y merece un ascenso.

PRESIÓN CONTRA COLOMBIA

También en agosto pasado el mismo personaje alertó que “si no llegamos a una solución aceptable para ambos países bastante pronto, vamos a ver problemas políticos y bilaterales, y eso es lo que quiero evitar”. Agregó que confía en que ese incremento en los cultivos ilícitos llegue a su “tope” este año y comience a bajar. Lanzó esa advertencia después de participar en una audiencia sobre Colombia en el Subcomité para Latinoamérica del Senado estadounidense. Tal declaración la emite a un año de la salida de la Presidencia colombiana de su colaborador clave en la región latinoamericana: Juan Manuel Santos.

Ante el proceso de paz entre el Estado colombiano y las FARC se reconfiguran las posiciones del complejo industrial-militar y de los intereses minero-energéticos que esperan por ocupar los territorios que eran escenarios de guerra. Es por ello que el republicano Marco Rubio y el demócrata Bob Menendez, legisladores estadounidenses del Subcomité para Latinoamérica del Senado, han propuesto que para el año fiscal 2018 se recorte el 30% de los fondos de ayuda (336 millones de dólares) a fin de que Colombia reduzca sus cultivos de coca.

Los operadores del complejo industrial-militar en Colombia requieren mantener viva la “guerra contra el narcotráfico” más allá de lo que han denominado el “narcoterrorismo de las FARC”. Es así como, firmada la paz, aparece en la prensa un nuevo enemigo: el Clan del Golfo, que son las bandas criminales que se reorganizaron luego de la desmovilización de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que han tenido su centro de actividades entre el departamento de Córdoba y el Urabá, al cual han asestado golpes de relevancia mediática en las últimas semanas.

Por su parte, los intereses minero-energéticos se instalan en los territorios de la mano de las mismas bandas criminales, propiciando así un régimen de control paramilitar para asegurar sus zonas de extracción. Al advertir sobre el recorte de ayudas, se refuerzan la intensificación del control armado y la posesión territorial que benefician a quienes venden armas y extraen materia prima barata. Todos ganan, menos los pobres de Colombia.

INVOLUCRAR A VENEZUELA EN LA INTERMINABLE “GUERRA CONTRA LAS DROGAS”

Desde que Trump anunció “la opción militar”, las piezas se van moviendo para implementarla al estilo Panamá o, al menos, darle un marco simbólico y político que justifique inestabilidad en la frontera con Colombia. Sobre todo porque dicho escenario de guerra planteado serviría para desviar la atención de los escándalos internos, asumiendo que Venezuela es el objetivo más “fácil” de alcanzar en el corto plazo dentro del complejo escenario global y que debe convencer a los republicanos de que no tiene contradicciones con respecto a Venezuela.

Tillerson reveló que el tratamiento del “tema Venezuela” está en manos del subsecretario Thomas Shannon, del actual subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental Francisco Paco Palmieri, y de Brownfield. Este último ha dicho esta semana que no habrá una “solución democrática” para la crisis política y económica de Venezuela mientras el narcotráfico siga penetrando por “completo” cada uno de los estamentos de poder, incluido el Gobierno de Nicolás Maduro.

Durante una audiencia sobre Colombia en la Comisión del Senado para el Control Internacional de Narcóticos también afirmó que Venezuela supone un “problema gigantesco” para la seguridad de la región y que la presencia del narcotráfico se hace presente en el aumento de las tasas de homicidio.

Ante la misma comisión, Douglas Farah, investigador del Centro Nacional para Operaciones Complejas de la Universidad de Defensa Nacional y presidente de IBI Consultants LLC, llamó a realizar una investigación sobre las operaciones financieras de ALBA Petróleos y sobre el presunto lavado de dinero que ocurre en la empresa estatal Pdvsa, vinculando a socios como El Salvador y Nicaragua y sosteniendo la misma estrategia de ataque contra las iniciativas de integración regional no alineadas a la intervención, sobre todo si tienen que ver con soberanía energética.

Por su parte Marco Rubio ha declarado que está convencido de que, con el tiempo, los funcionarios venezolanos implicados en narcotráfico “serán acusados y extraditados a Estados Unidos” por esa razón.

Cabe recordar que en febrero pasado el gobierno de EEUU impuso sanciones por supuestos vínculos con el tráfico de drogas al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami.

Intereses geoestratégicos detrás de operadores como Brownfield buscan mantener aceitada la maquinaria de guerra para seguir comercializando armas e imponiendo el control de los recursos, para ello involucran a Venezuela en el relato de la “guerra contra las drogas” en la cual están demostradamente fracasando. En el caso mexicano, los programas de EEUU socavan el objetivo de “combatir el crimen organizado y la violencia asociada” porque en muchos casos sus agencias refuerzan a grupos delictivos organizados, en regiones como Coahuila, Tamaulipas o Nuevo León han cooperado con carteles como Los Zetas.

Mientras que por un lado la línea neoconservadora en los EEUU tomó la batuta referente a la política designada contra Venezuela, que consiste en desconocer al Gobierno Nacional, la Asamblea Nacional Constituyente y por ende las próximas elecciones regionale por venir, desde algunos países de Europa y la ONU se ha impulsado la promoción del diálogo junto con República Dominicana, que sirve de sede para las conversaciones entre Gobierno y oposición.

Que Brownfield hablara un día antes del diálogo ante el Senado que busca incrementar el rango de sanciones contra Venezuela, haciendo énfasis en el relato del narcotráfico relacionado al Estado venezolano, dice más que la contradictoria posición de la MUD. La guerra en Venezuela sube o baja de tono acorde a los tiempos geopolíticos y busca cancelar de facto cualquier consenso o negociación pacífica que no tenga en el horizonte el derrocamiento por la fuerza del chavismo, precisamente esta es la postura que homologa y ordena políticamente a la ultraderecha venezolana.

Por lo tanto, Brownfield parece ser el designado del Departamento de Estado para detonar las acciones que permitan cerrar el capítulo América Latina mediante la misma estrategia narrativa de “narcoestado”, para así estrechar el cerco financiero (por eso pone el acento en Pdvsa) y desmoralizar al chavismo con base en el venidero proceso electoral. Sigue sin descartarse que desde Colombia haya acciones para zafarse de las acusaciones de cooperación con el narco en medio de unos acuerdos de paz donde no desaparece lo que genera la guerra, y que podría ser utilizado contra Venezuela.

T/ Misión Verdad
Caracas