El Gobierno de Bolivia declaró este miércoles la “emergencia energética y social” en todo el territorio nacional, tras aprobar un decreto que busca enfrentar la crisis económica marcada por la inflación, la escasez de dólares y el desabastecimiento de combustibles.
Mediante el decreto supremo 5517, el Ejecutivo justificó la medida “ante el proceso inflacionario que vive el país y la escasez de dólares y combustibles”, y autorizó de manera excepcional la libre importación, venta y comercialización de productos derivados del petróleo.
“El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer y adoptar medidas excepcionales destinadas a garantizar el abastecimiento de combustibles y energía; reactivar la producción, con la finalidad de devolver la calidad de vida a las y los bolivianos y garantizar la reconstrucción integral de la economía boliviana”, señala la norma.
El decreto permite a personas naturales y jurídicas privadas importar y comercializar combustibles a precios de importación o de ingreso a terminales de almacenamiento, siempre que cuenten con capacidad propia o alquilada, en el marco del libre acceso no discriminatorio. Además, ante la “extrema situación de déficit”, se dispuso la suspensión del diésel de la lista de sustancias controladas para asegurar el suministro a sectores estratégicos.
Las medidas, de acuerdo con el Ejecutivo, “tienen carácter excepcional, temporal e inmediato” y se producen un día después de que el Gobierno y organizaciones sindicales dieran por superado un conflicto social tras la emisión de un decreto que ratificó el retiro de la subvención a los combustibles.
El decreto 5516 reflejó los acuerdos con la Central Obrera Boliviana (COB), que permitieron el levantamiento de bloqueos y protestas contra el decreto 5503, el cual fijó nuevos precios de los carburantes con incrementos de hasta 162 % respecto a los valores subvencionados que rigieron por más de dos décadas, los cuales se mantendrán vigentes.