El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP) anunció este lunes la liberación de 116 ciudadanos que se encontraban privados de libertad. Los beneficiarios de esta medida estaban procesados por presuntas acciones contra la estabilidad del Estado y alteraciones al orden constitucional.
A través de un comunicado oficial publicado en sus plataformas digitales, el ente ministerial ratificó que estas liberaciones son el resultado de una revisión integral de los expedientes judiciales. Dicho proceso fue ordenado originalmente por el presidente Nicolás Maduro y se ejecuta bajo la supervisión directa de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
El organismo precisó que este nuevo grupo de excarcelaciones complementa las políticas de pacificación iniciadas recientemente, sumándose a las 187 medidas de libertad que fueron otorgadas durante el pasado mes de diciembre. Con esta acción, el Estado reafirma su voluntad de avanzar en la resolución de causas procesales para garantizar la armonía política en el país.
Gestos unilaterales por la estabilidad
De acuerdo con las directrices oficiales, el proceso de excarcelaciones se inscribe en una política sostenida de justicia y diálogo nacional con carácter permanente. Con estas acciones, el Estado venezolano reafirma su determinación de impartir justicia en pleno ejercicio de su soberanía, con el objetivo de consolidar la armonía y la paz social en todo el territorio.
En este contexto, el pasado 8 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un grupo significativo de ciudadanos venezolanos y extranjeros. El parlamentario calificó la medida como un «gesto unilateral» del Gobierno Bolivariano, diseñado para fortalecer la estabilidad interna del país.
Estas medidas judiciales se implementan apenas una semana después de la incursión armada y los bombardeos perpetrados por fuerzas estadounidenses en suelo venezolano. Dichos ataques resultaron en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores, además de un saldo trágico de al menos 100 víctimas —entre civiles y efectivos militares— y severas afectaciones a la infraestructura nacional.
Pese al escenario de agresión internacional, el Gobierno Nacional mantiene su compromiso con las vías institucionales, ratificando que el ejercicio de la soberanía judicial es la herramienta fundamental para preservar la integridad de la República ante cualquier intento de desestabilización externa.