La relatora especial de Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, ha advertido sobre la existencia de «noticias muy preocupantes» en Ecuador. Esto se debe a las recientes declaraciones del gobierno sobre la Corte Constitucional, a la que se ha acusado de socavar la democracia.
A través de su cuenta en X, Satterthwaite explicó que la Corte “ha sido amenazada por otros poderes del Estado tras suspender provisionalmente varios artículos de tres leyes aprobadas bajo la justificación de urgencia económica y seguridad nacional”. La experta detalló que las normativas suspendidas temporalmente abordaban temas como la recopilación de inteligencia sin una orden judicial previa y reformas sobre financiamiento político y justicia tributaria.
El pronunciamiento de la ONU se produce después de que la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, defendiera la propuesta de incluir en una consulta popular la posibilidad de someter a un juicio político a los magistrados de la Corte. A pesar de negar que la propuesta sea una retaliación, Rovira calificó a la Corte como «enemiga de la ciudadanía» y defendió la necesidad de «respuestas excepcionales» ante la situación del país, incluso si ello implicaba una interpretación más flexible de la Constitución.
Ante estas declaraciones, la relatora de la ONU enfatizó que, según el derecho internacional, «los jueces deben estar libres de presiones políticas o represalias», subrayando que la independencia judicial es la base de la democracia.
Las tensiones se intensificaron luego de que, tras el anuncio de la Corte sobre la suspensión de 17 artículos de la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Inteligencia y la Ley de Integridad Pública, tanto la ministra Rovira como el titular de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, criticaran el fallo. Rovira argumentó que la suspensión «es dejar sin efecto las leyes» y que, mientras los magistrados «se liberan en sus despachos», la policía y los militares se «están jugando la vida en las calles».
La situación ha escalado con la presentación de siete preguntas por parte del presidente Noboa para una consulta popular en diciembre, entre las que se incluye la posibilidad de enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte Constitucional. En respuesta, diversos colectivos sociales, políticos y juristas del país han instado a la Corte a no ceder ante las presiones del oficialismo.