El paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), entre septiembre y octubre de 2025, dejó un saldo de tres personas fallecidas, cientos de heridos y múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos, según informó el miércoles una organización defensora de DD.HH. del país suramericano.
De acuerdo a la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador fueron detenidas 206 personas y 473 resultaron heridos a causa de la represión policial a las movilizaciones contra la eliminación del subsidio al diésel, que se extendió del 22 de septiembre al 22 de octubre.
La integrante de la organización defensora de DD.HH., Vivian Idrobo, cuestionó que existe un subregistro de las cifras por parte del Estado ecuatoriano y apuntó que la Defensoría del Pueblo tampoco cumplió su función durante las protestas.
«De más de 700 reportes que recibimos, validamos 391; eso quiere decir que 391 reportes que recibimos configuran violaciones de derechos humanos. De esos reportes pudimos identificar varias cifras, entre ellas, 206 personas detenidas, 473 personas heridas, al menos 25 graves, dos personas fallecidas por uso de la violencia pública», señaló en rueda de prensa Vivian Idrobo.
Según el Ministerio del Interior, durante el mes que se prolongó el paro nacional se reportaron 142 detenidos, de los cuales diez eran ciudadanos extranjeros.
Por su parte, la abogada María Espinoza, especialista en derechos humanos, indicó que el paro del sector indígena no ocurrió de un momento a otro.
» (…) esas causas tienen que ver con el debilitamiento muy claro de los espacios cívicos y democráticos en el país; tienen que ver con una concentración del autoritarismo estatal, en manos particularmente del Ejecutivo y de la cooptación de la institucionalidad que mayoritariamente está resultando funcional para la agenda del Ejecutivo. Y la que no está resultando funcional está siendo atacada por el Ejecutivo», remarcó María Espinoza.
La especialista también cuestionó que el Estado ecuatoriano no entienda a la protesta como un derecho ciudadano, sino como una amenaza al sistema democrático.
«Por eso la respuesta gubernamental al derecho a la protesta social desde el día uno fue una respuesta militar, una respuesta estigmatizante y fue una respuesta de odio. Y por eso en el informe nosotros decimos que no existió en ningún momento una disposición legítima y genuina de diálogo por parte del Ejecutivo», indicó la abogada.
María Espinoza afirmó que desde la Alianza por los Derechos Humanos evidenciaron el uso desproporcionado de la violencia por parte de las fuerzas policiales y añadió que existen referencias surgido de los paros de 2019, 2022, de organismos del sistema Interamericano que le han recordado al Estado ecuatoriano que el uso letal de la fuerza es el último uso.
El paro nacional duró 31 días, convocó a sectores indígenas, campesinos y urbanos y fue motivado por la decisión del Gobierno de Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel, que se incrementó de 1.80 a 2.80 dólares.
La Alianza por los Derechos Humanos documentó las muertes de Efraín Fuérez y José Guamán, en Imbabura. Una tercera víctima fue María Paqui, en Loja, que tras complicaciones de su salud a causa de las asfixia por gases lacrimógenos lanzados por la fuerza pública.