Uno de los temas de geopolítica más comentados es el relativo a la “crisis de la democracia” consistente en el hecho de que, si democracia es la voluntad decisoria de la mayoría; la igualdad de todos y cada uno de los habitantes del Estado y la regla insoslayable de la separación de los poderes y las funciones que las autoridades ejercen, hoy en día, por el contrario, vemos que se ganan elecciones en contra de esa voluntad calificándose a determinados grupos o sujetos con un valor superior al de cada ciudadano. La diferenciación entre los sujetos del ordenamiento jurídico, lleva así a otorgar privilegios injustificados.
Estas circunstancias hacen la crisis de la democracia, esto es, que no se la considere como principio absoluto, sino como uno de los tantos de aplicación parcial en la esfera de los poderes públicos. Además, hay que añadir como elemento de la crisis el hecho de que el Poder Legislativo se jurisdiccionaliza; pero más grave aún, que el Poder Judicial se politiza en sus motivaciones y en sus decisiones trascendentales.
La jurisdiccionalización del Poder Legislativo surge cuando éste deja de ser el órgano normativo por excelencia, que debe dedicar todas de sus actuaciones a la tarea de crear la norma jurídica rectora de las colectividades, para convertirse en un juez de las situaciones conflictivas, que están enfrentadas en la sociedad, papel que no le corresponde, ya que al máximo, lo que debe es impedir que se planteen los problemas colectivos y dar las fórmulas para el desarrollo de las situaciones futuras.
El Poder Legislativo olvida que es el ideólogo y ejecutor verdadero y propio de la política del Estado, la cual no puede separarse de la Constitución, sino que ha de ser la materialización de la normativa rectora de las instituciones que en ella aparecen.
Este Poder es el “político ideólogo”, a través de normas generales y abstractas, validas para regular los problemas futuros a los cuales ha de enfrentarse el Estado y la sociedad. Es cierto que ejerce el control sobre el Gobierno y la Administración, pero tal control es de naturaleza política y no jurídica, destinada a verificar si se cumple o nó con el “mérito”, es decir, la oportunidad y la conveniencia de los actos en beneficio de la sociedad.
El Poder Judicial cada vez se politiza más, entendiéndolo tanto en su sentido vulgar como en el técnico. En su sentido técnico es el señalamiento del valor de la actuación del Estado, de sus órganos; en cuanto que, en sentido vulgar alude es la determinación de la conveniencia de las medidas y actuaciones en beneficio de grupos específicos. Se ha llegado al exceso de que el Poder Judicial considere que, favorecer a alguna de las partes con una sentencia favorable, es beneficiar los intereses del Estado, cuando ello es la negación de la justicia. El Poder Judicial está para sentenciar de acuerdo con la ley: si es culpable o inocente el encausado; si el demandante tiene razón o carece de ella y si tiene suficientes elementos jurídicos a su favor (pruebas) para destruir las de la contraparte.
La politización del Poder Judicial obedece a la de los jueces y esto deriva del hecho de que los mismos no son escogidos ni por su experiencia, idoneidad e imparcialidad en sus fallos, sino las razones de los partidos políticos que, en una forma u otra, influyen sobre los nombramientos. Estamos así ante una traición al Derecho, en beneficio de parcialidades.
Son estas las razones por las cuales tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial comienzan a perder la confianza de los ciudadanos y se transforman en el medio de expresión de voluntades que son ajenas a las razones por las cuales han sido creados y sus titulares han sido designados.