Ana Julia Tamayo es una ciudadana originaria de Medellín, Colombia. Desde hace 35 años vive en Venezuela. En 2009, fue obligada a desalojar el apartamento en el que residía como inquilina junto a su esposo e hijo, en las residencias Maristas en el municipio Chacao, del estado Miranda.
La medida fue ejecutada por la jueza Adelaida Silva y efectivos de la Policía de Chacao. Los argumentos esgrimidos: El supuesto incumplimiento de contrato. Tamayo es una de las 797.000 personas que viven alquiladas y sufren miles de abusos.
“Fuimos desalojados el 26 de noviembre de 2009. Mi esposo estaba solo en el apartamento. Le tumbaron la puerta de la casa y le pidieron el desalojo. Dijeron que era una ‘desocupación express’. El dueño no se presentó; sólo fue la Policía Metropolitana, lo que era la PTJ, y la Policía de Chacao y una jueza de nombre Adelaida Silva, quien reconoció que la medida era ilegal”, recordó.
Tamayo comentó que, tras el desalojo, ella y su esposo habitan en un vivero, localizado en La Boyera, en Caracas. En el lugar, totalmente al descubierto, no hay agua ni luz. Añadió que su hijo reside en otro galpón de la empresa en la que trabaja.
“Cuando nos desalojaron a mi esposo casi le dio un infarto, porque además, nos amenazaron con que, si no se firmaba la medida de desalojo, desaparecerían a nuestro hijo o que le sembrarían droga en su carro para que se lo llevaran preso”, refirió.
Ahora, ella sólo pide al Gobierno Nacional, la posibilidad de optar a un crédito con el cual pueda adquirir una vivienda propia. “Yo no quiero nada regalado, lo que quiero es que nos den la oportunidad de un crédito para poder tener mi casa. Quiero una casa decente para pasar mi vejez con mi esposo y mi hijo”, agregó.
PARA ACTIVIDAD COMERCIAL
Ligia Pacheco tiene 55 años de edad, es comerciante independiente y vive en el edificio Madeirero de la parroquia San Juan, en Caracas, con sus dos hijos.
La están obligando a abandonar las instalaciones del apartamento que ha habitado por más de 29 años. “En 2006 vendieron el edificio a un señor árabe de nombre Mikael Labar. Ahora me están obligando a firmar un nuevo contrato, y como no quiero firmarlo, me están pidiendo que me salga y tienen una demanda contra mi esposo, quien firmó el contrato de alquiler pasado”, relató.
Precisó que tres familias ya fueron desalojadas de la estructura habitacional. Dijo que el dueño de la infraestructura le ofreció 30 millones de bolívares para que desocupara el apartamento. “Con 30 millones no me voy para ningún lado; no tengo a dónde ir, y por eso estoy luchando por el apartamento”, expuso.
Aseguró que en el edificio quedan otras tres familias que reciben continuamente amenazas por parte del propietario. “Nos dice (el dueño) que tiene muchos apoderados y que nos tenemos que ir. Nos dice que a quien le quite lo de él, lo mata. Nos ha cortado la luz. Me han amenazado con secuestro y todo”, indicó.
Explicó que la intención del arrendatario es sacar a las familias que aún viven en los inmuebles para concretar un proyecto comercial en la zona.
SOLICITAN INVESTIGACIÓN EN BARUTA
Carlos Rodríguez vive alquilado en uno de los apartamentos del edificio Monterrey de Las Mercedes, en el municipio Baruta del estado Miranda. Rodríguez denunció la ejecución de desocupaciones en la circunscripción bajo engaños jurídicos y amedrantamientos.
Detalló que familias, con más de 20 años en las edificaciones, fueron sacadas de las viviendas, sin ningún tipo de justificación. “Simplemente lo hacen con engaños jurídicos o porque llegan, en algunos casos, a una negociación con las familias”, agregó.
Acusó al alcalde opositor de Baruta, Gerardo Blyde, de presuntamente estar involucrado en la acciones de desalojo forzoso. Aseguró que el mandatario municipal tiene intereses comerciales en la localidad. Solicitó la apertura de una investigación en la jurisdicción. Especificó que en Baruta hay unos 50 edificios, de los cuales ocho están en la mira para ser desalojados.
PROYECTO EN MARCHA
Para hacer frente a estas violaciones y atropellos, la Red Metropolitana de Inquilinos prepara, con el aporte del pueblo, el proyecto de ley de arrendamientos.
La organización realiza asambleas con las afectadas y los afectados, para pulsar sus opiniones e inquietudes. El texto será entregado el próximo 27 de febrero a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN).
Elizabeth Santos, vocera de la Red Metropolitana, explicó que la legislación busca la protección de los derechos humanos de las inquilinas y los inquilinos, el resguardo del débil jurídico, la regulación de los precios de alquileres y mercado secundario y la prohibición de desalojos forzosos.
“La Red Metropolitana de Inquilinos surgió en el año 2005, para defendernos de los desalojos violentos y de las ventas especulativas de los propietarios de inmuebles de vieja data, que luego del paro petrolero del 2002, iniciaron los incrementos de los alquileres entre 100% y 200% anuales, así como desalojos brutales y abusos”, señaló.
Santos agradeció el respaldo que ha recibido del Gobierno revolucionario y de instituciones como el Parlamento Nacional y la Defensoría del Pueblo. También reconoció el apoyo de otros movimientos sociales de más de 40 países hermanos.
“Además, lo que queremos con el proyecto de la ley de arrendamientos es que se introduzcan cánones de arrendamiento, la protección de la familia y la creación de las casas de abrigo”, subrayó.