Hace 28 años ocurrió uno de los sucesos más terribles de nuestra historia contemporánea, la masacre de Yumare. Operación militar, realizada contra civiles, que tuvo lugar en el sector Barlovento, caserío La Vaca del actual municipio Manuel Monge, en el estado Yaracuy.
A tan solo cuatro años de haberse cometido la Masacre de Cantaura en el estado Anzoátegui, el gobierno adeco de Jaime Lusinchi, representado por el ministro de Relaciones Interiores, Octavio Lepage, y el jefe de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP, policía política durante la IV República), Henry López Sisco, volvió a ejecutar una operación dirigida a erradicar grupos de izquierda.
El 8 de mayo de 1986 nueve dirigentes sociales fueron capturados y posteriormente asesinados por un comando de la DISIP, a las órdenes del entonces comisario López Sisco.
Tras realizar la ejecución, los efectivos de la DISIP manifestaron que estas nueve personas “formaban parte de la guerrilla”. Sin embargo, los estudios criminalísticos y las evidencias ayudaron a demostrar lo contrario, y dejaron ver que lo de Yumare fue un ajusticiamiento, una masacre contra dirigentes sociales. Las incongruencias en las declaraciones de los ejecutores de aquella masacre permitieron detectar las mentiras y la confabulación para realizar la matanza.
Como justificación, los funcionarios alegaron un supuesto enfrentamiento armado, el cual se habría producido cuando se desplazaban por un lugar boscoso y fueron objeto de una emboscada por parte de los ciudadanos fallecidos. En el estudio criminalístico, no obstante, las evidencias revelaron que la zona donde todos los ciudadanos murieron estaba poblada de “vegetación baja, tipo pasto, grama y/o maleza, todos de muy corta altura, característicos de terrenos despejados, de gran iluminación”.
Además, de acuerdo con las experticias practicadas en los morrales que portaban quienes murieron en la acción, estos objetos “no presentaban perforaciones ni daños por proyectiles ni esquirlas”, a pesar de que varias de las víctimas habían presentado orificios en la región dorsal.
Tras los falsos testimonios dados por los responsables de la masacre, muchos testigos de ese lamentable incidente declararon que las nueves personas asesinadas por el comando de la DISIP habían sido primero detenidas, luego torturadas y, por último, ejecutadas. Posteriormente, los propios funcionarios les colocaron ropa militar encima de su ropa civil, con el propósito de presentarlos como guerrilleros.
Los declaraciones de los testigos revelan que las nueve personas ejecutadas extrajudicialmente eran, además de luchadores sociales, promotores del ideal bolivariano. Los fallecidos fueron: Rafael Ramón Quevedo Infante, Ronald José Morao Salgado, Nelson Martín Castellano Díaz, Dilia Antonia Rojas, Luis Rafael Guzmán Green, José Rosendo Silva Medina, Pedro Pablo Jiménez García, Simón José Romero Madriz, y Alfredo Caicedo Castillo.
No sería sino hasta 2011, 25 años después de la masacre, cuando se logró desmontar la versión sostenida por los funcionarios del gobierno de Jaime Luisinchi, cuando fiscales del estado Yacacuy lograron condenar a 13 años de prisión al general retirado del Ejército, Alexis Sánchez Paz, quien admitió su responsabilidad en los hechos de Yumare. Para el momento de los hechos, Sánchez Paz era coronel y director de la Escuela del Comando de Operaciones del Ejército.
También fueron acusados los exfuncionarios de la extinta DISIP, Oswaldo Ramos, Eugenio Creassola, Freddy Grangger, William Prado, Raúl Fernández, Adán Quero y Hernán Vega. En junio de 2009, el Ministerio Público también acusó al comisario jubilado de la DISIP Henry Rafael López Sisco, al tiempo que se pidió iniciar el proceso de su extradición desde Costa Rica.
A López Sisco se le imputan delitos de concurso real de homicidio calificado con alevosía por motivos innobles en grado de complicidad correspectiva en perjuicio de las nueve víctimas; y es también señalado por su participación en las masacres de El Amparo, Cantaura y El Caracazo; además de participar en el asedio a la embajada de Cuba en Venezuela, durante el golpe de Estado de abril de 2002.
La Masacre de Yumare, es tan sola uno de las decenas de masacres y delitos que la “democracia” adecocopeyana cometió contra nuestro pueblo por más de 40 años, crímenes de Estado impunes de una clase política anacrónica cuyos “renovados” representantes de hoy se mantienen en abierta conspiración contra nuestra revolución y sus líderes. Revolución que les ha revocado sus privilegios de élite y que junto a nuestro pueblo organizado son garantías de que estos hechos más nunca volverán a cometerse en suelos de la Patria.