A Manuel Rosales se le ha montado un proceso “carente de toda legalidad” y ahora “estamos en presencia de una nueva fase de la persecución” por haber sido propuesto como candidato a las elecciones parlamentarias, afirmó ayer el abogado Jesús Ollarves, del partido Un Nuevo Tiempo e integrante de la defensa del exmandatario zuliano.
“No sabemos cuáles han sido los motivos” por los cuales fue inhabilitado por la Contraloría, manifestó el vocero. “Manuel Rosales y sus abogados, como siempre lo han hecho, se defenderán de una violación más” de sus derechos.
“Una vez más el dirigente” Rosales “es víctima de la persecución” por parte del Ejecutivo, señaló Ollarves en rueda de prensa. A su juicio, la Contraloría se ha erigido “en juez penal”, lo que no le corresponde, e inhabilitó al político.
“Se trata de una inhabilitación, de una sanción que solo puede imponerla un juez penal en el contexto de un procedimiento penal”, manifestó.
Según Ollarves, el Ministerio Público se habría dado cuenta de que a Rosales se le estaría violando el derecho a la participación política. Citó que Interpol, en 2012, habría determinado “la violación de todos los derechos humanos” y por eso fue excluido de la lista de solicitados por el organismo internacional.
El jurista recalcó que Rosales “no ha sido notificado” y su equipo legal no sabe “a través de qué acto de magia notificaron o crearon un informe a sus espaldas”.
Confirmó que su caso “está paralizado desde que él decidió asilarse” en Perú.