Se celebró recientemente el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Fecha que invita a reflexionar sobre el rol que el Poder Legislativo debe cumplir para lograr que los derechos de las mujeres se garanticen, partiendo de un debate informado, responsable, libre de prejuicios. Millones de mujeres en el mundo pagan con sus vidas la subordinación de los Estados al dogmatismo cultural machista, patriarcal y religioso que en estos temas sigue siendo en buena parte del continente (incluida Venezuela) más fuerte que nunca y tan perversa como siempre.
Este tema debe trascender debates de falsa moralidad y posturas mojigatas.
Datos de la Organización Mundial de la Salud dan cuenta que en América Latina se practican 3.700.000 abortos inseguros. Mueren a causa del aborto anualmente 68.000 mujeres. En América Latina el aborto inseguro es responsable del 17 % de las muertes maternas y mas del 50% de los abortos se practican a mujeres de 20 a 29 años. El riesgo de morir durante el parto de las jóvenes menores de 15 años es cinco veces mayor que el de las mujeres de 20 a 30 años.
En el mundo la principal causa de muerte de adolescentes de 15 a 19 años son los embarazos tempranos. En Venezuela la gravedad de este tema ha llevado al Comité de los Derechos del Niño de la ONU a pedirle a nuestro Gobierno que revise seriamente su legislación antiaborto y provea excepciones adicionales en caso de que el embarazo sea consecuencia de una violación o un incesto, ponga en riesgo la salud de la adolescente y evite la práctica de un aborto inseguro.
La penalización del aborto está impregnada de estereotipos que confinan a las mujeres a los roles de reproductoras, encargadas del cuidado de otros, cuyas conductas sexuales están limitadas por esquemas impuestos por jerarquías conservadoras.
Los Estados deben pensar en el colectivo ciudadano a través de su sistema penal y no criminalizar a quienes disienten.
Despenalizar el aborto es un imperativo de derechos humanos. No existe justificación en el derecho internacional de los derechos humanos para amenazar con cárcel a quien interrumpa un embarazo no deseado ni para obligar a una mujer o niña a seguir adelante con la gestación. No permitirle a una mujer tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo es una violación a su dignidad y un trato asimilable a la tortura.
Una revolución que se asume feminista de origen no puede seguir postergando este debate necesario.