Durante el proceso de inspección realizado este viernes en la comercializadora Top Mobilier ubicada en la Zona Industrial Castillito del municipio San Diego, estado Carabobo, las autoridades del Estado desplegadas como parte de la ofensiva económica detectaron delitos de usura hasta de 1.400% en la venta de mobiliario de oficina.
Además se presume la existencia de ilícitos cambiarios, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
La fiscalización estuvo encabezada por el secretario de Producción, Turismo y Economía Popular del gobierno de Carabobo, Héctor Breña, y el jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral Carabobo, vicealmirante José Manuel Sequeira.
Breña explicó que los trabajos de inteligencia permitieron determinar esta serie de presuntos ilícitos en los cuales la empresa venía incurriendo.
«Se descubrió que funcionan alrededor de 10 empresas, dos de éstas internacionales, cuya papelería y sello se encuentra en el país. Toda una red para crear eslabones de comercialización», explicó el funcionario, al tiempo que anunció que por este hecho se acordó una medida de ocupación temporal a dicha empresa.
Las empresas relacionadas son Top Mobilier, Eurosillas Internacional C.A en Panamá, Mobiliare Concepts LTD en Barbados, AMJ Comercializadora de Venezuela, AMAJ Comercializadora C.A, Comercializadora Moderna de Valencia C.A, Moderline C.A, Corporación Joud C.A y Baraka de Venezuela C.A.
El Secretario de Producción, Turismo y Economía Popular reveló que para «una de estas empresas, la que tiene la carga laboral, el Gobierno Nacional ha asignado más de 11 millones de dólares, y los productos tienen una estructura de costos que se calcula sobre la base del dólar de 80 y 90 bolívares», por lo que se presume una estafa a la nación.
También refirió que se identificaron conflictos laborales, toda vez que los propietarios obligaban a los trabajadores a renunciar y a recibir una liquidación «sencilla», alegando que se irían del país.
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Primera, inició la investigación penal contra los responsables de esta empresa.
Dayana Azuaje, enlace de la Superintendencia Nacional de Precios Justos en Carabobo, indicó que esta empresa recibió dólares preferenciales durante los años 2012 y 2013, sin embargo, comercializaba sus productos con márgenes de ganancia entre 200 y 1.400%.