El tablero político de América Latina se sacudió estos últimos años con la aparición de la Alianza del Pacífico, bloque regional constituido por México, Colombia, Perú y Chile. No es casual: se trata de cuatro países que tienen Tratados de Libre Comercio con EE.UU., y cuyos últimos gobiernos han sido mayormente conservadores: Peña Nieto en México, Santos en Colombia, Humala en Perú y Piñera en Chile.
Desde la “Declaración de Lima”, primer documento del bloque, los países miembros señalan la necesidad de “avanzar progresivamente hacia el objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes de servicios, capitales y personas”. Esta visión de la integración llevó a que el bloque forme el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), entre cuyas funciones está elevar a los respectivos gobiernos “recomendaciones y sugerencias para la mejor marcha del proceso de integración y cooperación económica-comercial entre nuestros países”.
La creación del bloque ha tenido rápidas repercusiones en los organismos multilaterales de crédito: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entregó “apoyo técnico a los gobiernos y representantes empresariales”, tal como figura en su página web. Vale recordar que EE.UU. cuenta con más del 30% del paquete accionario del BID, siendo fundador del mismo y garantizando su funcionamiento mediante su sede en Washington. El país que gobierna Barack Obama, además, es miembro observador de la Alianza del Pacífico.
Desde los gobiernos progresistas y populares de nuestro continente han surgido numerosas críticas a la integración propuesta por estos países. Así, el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera manifestó recientemente que el bloque “parece estar puesto para bloquear esta mirada hermanada del continente”. El presidente ecuatoriano Rafael Correa fue más enfático: señaló la existencia de una “reconstitución” de la derecha en el continente, expresada en cierta forma por estos países, al no proponerse “crear una gran sociedad con ciudadanos de la región; sino crear un gran mercado, crear consumidores”.
¿Puede un bloque que, en teoría, busca la integración de los países de nuestro continente, actuar subordinado a los intereses de los organismos multilaterales de crédito como el BID? ¿Cuál son las motivaciones ideológicas de estos países para no integrar mecanismos de integración económica, política y social ya existentes, como CELAC, Unasur, Mercosur o ALBA? ¿Hasta dónde llegará este intento de “paralelizar” las herramientas de integración autónomas que, durante estas últimas décadas, se han dado nuestros pueblos o gobiernos?