Un juez federal aprobó esta semana una moción para que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR, por su sigla en inglés) ubicado al oeste de Estados Unidos, someta a los presos que desde hace 43 días están en huelga de hambre a una alimentación forzosa.
La medida fue solicitada por el CDCR y el interventor federal que se encarga de la salud de las prisiones estatales. El permiso fue otorgado por el juez Thelton Henderson de la Corte de Distrito de San Francisco, que establece la autorización para forzar a los presos en ayuno a comer.
Una de las causas por las cuales los funcionarios solicitaron este permiso, fue supuestamente el temor por la vida de unos 70 reos que se niegan a ingerir alimentos. El permiso otorgado por el juez federal incluye la introducción de líquidos por vías intravenosas o a través de tubos por los conductos nasales hacia sus estómagos.
Más de 30 mil presos de unos 133 mil que conforman la población penal californiana se encuentran en huelga de hambre como medida de protesta desde el 8 de julio de este año para exigir que se termine con el confinamiento en solitario por años y décadas, y además para que se cambie la política para clasificar a los reos como pandilleros.
Las autoridades de CDCR han acusado a los capos de las pandillas de orquestar la huelga de hambre. Hasta el sábado pasado, el CDCR reportó 190 presos en huelga de hambre en ocho prisiones estatales. El ayuno comenzó con 30 mil reos en 24 prisiones.
Esta situación se ha presentado también con unos 166 internos que se encuentran recluidos en la cárcel de Guantánamo, ubicado en una porción del territorio cubano ocupado hace más de un siglo por Estados Unidos. Según reportes oficiales citados por la cadena, Fox News, unos 104 reos se encuentran en huelga de hambre, de los cuales 45 son alimentados a la fuerza.
Diversas organizaciones sociales han señalado que la alimentación forzada corresponde a una violación descarada y brutal de los derechos humanos básicos, además han denunciado que los 166 internos fueron detenidos sin juicios ni acusaciones por más de 10 años, por supuestas sospechas de terrorismo.