El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) inició este martes su plan de fiscalización en todo el país, que incluye a 200 fiscales del organismo, en conjunto con el pueblo organizado, para verificar la venta a los venezolanos de los productos a precios justos y regulados.
El presidente de la institución, Eduardo Samán, estuvo presente en el arranque del plan en Parque Central, Caracas, donde estuvo acompañado de la nueva directora Nacional de Fiscalización, Gianina Colmenares.
En Parque Central fue multado por especulación el supermercado El Dorado.
En días pasados, Samán explicó que uno de los puntos a exigir en este plan de fiscalización es la aplicación del artículo 45 de la Ley de Protección al Usuario sobre los Bienes y Servicios, que exige la impresión del precio de venta al público en tinta indeleble, con el fin de evitar el remarcaje y la especulación.
Recordó que en todos los estados del país, a excepción de Apure y Barinas, fueron designados nuevos coordinadores del organismo, quienes tendrán la tarea de asumir con compromisos los nuevos lineamientos que ayudarán a combatir el desabastecimiento y la especulación.
Entre esos lineamientos destacan: hacer cumplir lo establecido en la ley, en cuanto al precio de venta al público (PVP); verificar que todas las personas naturales y jurídicas que hayan obtenido divisas autorizadas por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) exhiban en su respectivo establecimiento, un anuncio visible al público indicando cuáles de los bienes y servicios ofertados en ese comercio han sido adquiridos con este mecanismo.
También, la ejecución de este trabajo, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno para la fiscalización de las empresas del Estado; la incorporación de los movimientos sociales, trabajadores organizados, entre otros, en especial los estratos medios de la sociedad en la lucha contra la especulación.
Para fortalecer y rescatar la protección al pueblo venezolano, la revisión de los procedimientos sancionatorios durante las fiscalizaciones ejecutadas en el último año, finalmente se ordena la intensificación de operaciones en el territorio nacional, en especial en el Distrito Capital, Miranda, Zulia y Táchira.