Tras labores de investigación, el Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta (UNA) detectó un conjunto de irregularidades administrativas y financieras en la actual gestión de las autoridades rectorales de la referida casa de estudios.
La presidenta del Consejo Superior de la UNA, Isaliv Matheus, explicó que esta instancia determinó inconsistencias en las memorias y cuentas de la institución de estudios superiores, específicamente de los años 2009, 2010 y 2011.
Entre las irregularidades detectadas destacan la no correspondencia entre las memorias y cuentas y los planes operativos de la universidad, así como el retiro de los anexos de los estados financieros de los últimos tres años y la solicitud de la UNA a Inverunión Banco Comercial del retiro de dinero disponible en la cuenta corriente de la universidad para el pago de nómina de la casa de estudios al personal académico, administrativo y obrero, en el año 2009.
«En esa época (2009) la institución financiera en la que la universidad recibía los recursos no era Inverunión, por lo que la nómina no podía estar allí ni en colocaciones (…). Por ejemplo, el retiro de los estados financieros es una decisión de quien gestiona y administra, que en esta universidad están en el Consejo Directivo», añadió.
También se detectó la transferencia irregular y retención de recursos destinados a la seguridad social de los trabajadores de la casa de estudios.
La Universidad Nacional Abierta (UNA) es una institución que recibe recursos del Estado, por lo tanto, explicó Matheus, cada año debe rendir cuentas a los organismos destacados en la materia.
El pasado 25 de octubre, en sesión ordinaria, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) decidió abrir una averiguación administrativa a la Universidad Nacional Abierta (UNA), por improbación de su memoria y cuenta de los últimos tres años (2009-2010-2011).
En esa oportunidad, la ministra para la Educación Universitaria, Yadira Córdova, indicó que sobre la referida universidad habían denuncias en la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República.
«Nosotros como Consejo Nacional de Universidades tenemos la obligación de velar por el patrimonio universitario y por el desempeño académico de dichas universidades. Esto es apenas una averiguación que nos dirá si hay motivos para ir a decisiones de otro nivel», explicó Matheus.
Para llevar adelante el proceso de averiguación en la UNA, el Consejo Nacional de Universidades designó una comisión, conformada por integrantes de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios y la Asociación de Rectores Bolivarianos.
Dicha comisión debería presentar un informe en 15 días sobre el referido caso, para que el CNU conozca los resultados y decida cuáles serán los siguientes pasos a seguir. El lapso para ello, vence este viernes.
Además, el Ministerio de Educación designó a Isaly Matheus como presidenta del Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta para que liderara las investigaciones dentro de la institución.
Este Consejo Superior ya entregó su respectivo informe sobre las observaciones del caso, tanto al Ministerio de Educación Universitaria como a la Contraloría General de la República.
Con base a ello, será la cartera para la Educación Universitaria, a través del Consejo Nacional de Universidades, quien emita una resolución final sobre la situación de la UNA. Se espera que la materia sea tratada en la próxima sesión del CNU, prevista para el 29 de noviembre.
DESCARTAN INTERVENCIÓN
Matheus dijo que pese a la situación en la UNA, no está planteado ejecutar un proceso de intervención de la institución.
«Quien está hablando de intervención en la UNA es el rector y un grupo de la universidad que participa y está de acuerdo con esa forma de gestión. La Ley de Universidades de 1970 es la que establece lo que se tiene que hacer», subrayó este viernes, en rueda de prensa desde la sede de la universidad en San Bernardino, Caracas.
Indicó que lo que se espera es una movilización de la comunidad universitaria. «Esperamos que se cumplan con las normativas legales, que se respete el marco legal y constitucional. Esperamos que esta situación sea el punto de inflexión que nos lleve a movilizarnos como comunidad universitaria y como institución. Eso tiene que ver con el cumplimiento de las funciones dentro de la universidad, mejorar la atención de los estudiantes y cumplir con las labores universitarias diariamente», expuso.
A la fecha, la UNA restringe a dos horas el horario de atención y asesoría a los estudiantes y sólo ofrece un semestre por año, cuando debería ofertar dos.