El tribunal arbitral del Banco Mundial desestimó la propuesta de Venezuela de recusación de los árbitros que llevan el caso interpuesto por la estadounidense Owens-Illinois. A mediados de marzo se conoció el laudo que obliga a Venezuela a pagar 455 millones de dólares a Owens-Illinois por la nacionalización, en 2010, de dos plantas.
Horas después de conocida la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la Procuraduría de Venezuela dijo que el país pediría su anulación buscando suspender el pago. Sin embargo, según el Ciadi, lo único que Venezuela solicitó fue la recusación de la mayoría del tribunal arbitral, pedido que fue negado el 16 de junio, reseñó la agencia Reuters y lo replicó El Universal.
«No puede considerarse que la propuesta de recusación se haya presentado en forma oportuna. Por lo tanto, la propuesta es rechazada», dijo el Ciadi en un comunicado.
Otra razón para desestimar el pedido de recusaciones fue que el árbitro que representaba a Venezuela, el abogado parisiense Alexis Mourre, renunció.
A pesar de la decisión, el país cuenta con tres meses para solicitar la anulación del laudo, un proceso que podría tomar hasta 30 meses.
La demora en la ejecución de la decisión da oxígeno a las delicadas finanzas de Venezuela, bajo presión en medio de un desplome de los precios del crudo, su principal fuente de divisas.