El pueblo boliviano ahora toma decisiones en su país, asegura el embajador de esta nación en Venezuela| Bolivia intenta revertir el racismo que se instauró en América Latina desde 1942

El embajador de Bolivia en Venezuela indicó que la ley antirracismo es un paso más en la búsqueda de la inclusión de los pueblos originarios y campesinos

Bolivia, país de América del Sur con mayor porcentaje de población originaria -alcanza el 62 %- se convirtió en 2006 en la primera nación latinoamericana en tener un presidente indígena, Evo Morales, electo con el 54% de apoyo popular.


La llegada de Morales al poder significó el comienzo de un proceso de profundas transformaciones estructurales en busca de la inclusión de los sectores históricamente excluidos debido a su cultura, su color de la piel y su idioma.

Una de las formas más perniciosas de exclusión fue el analfabetismo, como lo expresa el embajador de Bolivia en Venezuela, Jorge Alvarado, “debido a que no sabían leer ni escribir, no sólo no podían acceder a la educación y por ende a trabajos que no fueran manuales, sino que estaban apartados de la toma de decisiones en su país”.

Pero hoy, el Estado Plurinacional está en camino de superar esa situación, para lo que ya ha dado un paso decisivo: “Bolivia ha sido declarado el tercer país de América Latina libre de analfabetismo. Eso es parte del proceso de descolonización e inclusión, ya que los pueblos indígenas eran quienes tenían el porcentaje más alto de analfabetos”, señala Alvarado en entrevista con el Correo del Orinoco.

LEY ANTIRRACISTA

Ahora que la abrumadora mayoría de la población está alfabetizada, la gente está lo suficientemente informada de sus derechos y deberes como para participar en la toma de decisiones del país, resalta el Embajador.

La Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación es ejemplo de ello; su redacción fue producto de un debate entre los movimientos sociales y organizaciones civiles, que presentaron propuestas.

Jorge Alvarado aseveró que se trata de un ley trascendental para su patria, que busca reivindicar a los pueblos originarios y campesinos excluidos durante siglos. “Desde la por invasión de América en 1492 esas comunidades han sido explotadas y exterminadas. Para el siglo XV la población indígena en América Latina pasaba de los 80 millones de habitantes y ahora no alcanza ni a 10 millones”, denunció.

El pasado viernes ocho de octubre el Senado boliviano aprobó la Ley, lo que permitió que pocas horas después, el presidente Evo Morales la promulgara.

Alvarado remarca que el gobierno boliviano, precisamente, revertir esa discriminación sistemática, que se naturalizó a lo largo de cinco siglos con su nueva ley. Ésta hace viable el cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE) promulgada en febrero de 2009 tras un largo debate de más de un año y medio en la Asamblea Constituyente representantes de la ciudadanía.

La nueva legislación tiene como objetivo establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la CPE y Tratados Internacionales de Derechos Humanos. De esta manera, se propone eliminar conductas de racismo y cualquier forma de discriminación, así como consolidar políticas públicas de protección y prevención de delitos de racismo.

EFECTOS DE LA EXCLUSIÓN

Alvarado ilustra la dimensión de la trascendencia que tiene el nuevo instrumento legal con un comentario sobre los efectos que la exclusión tuvo en su país, para lo cual pone como ejemplo la discriminación que enfrentaban en el área de la salud, que venía determinada por la formación de los profesionales, ya que a la carrera de medicina sólo accedían personas con posibilidades económicas.

“Los egresados de las universidades tradicionales y pertenecientes a las clases altas se negaban a prestar sus servicios en zonas rurales. Ese es un problema que hemos podido resolver gracias a la solidaridad de nuestros pueblos hermanos”, aseveró.

“Los pueblos indígenas y campesinos viven en zonas alejadas de las ciudades, donde anteriormente la medicina no llegaba. Felizmente con la ayuda de nuestros hermanos cubanos y venezolanos ahora hay muchos médicos en Bolivia que están brindando atención en esas zonas”, subrayó.

Alvarado recordó que además que se están formando a profesionales de la salud de manera integral en las Escuelas Latinoamericanas de Medicina (Elam), tanto de Venezuela como de Cuba, para revertir esa situación.


“El 70 % de las becas que está concediendo el gobierno de Venezuela a Bolivia para estudiantes de medicina son a integrantes de las comunidades campesinas e indígenas que luego volverán a trabajar dentro de sus comunidades”, sostuvo.


El embajador boliviano informó que actualmente hay mil estudiantes bolivianos en Venezuela.

¿QUIÉNES VAN CONTRA LA LEY?

Entre los sectores que se oponen a la ley antirracismo destaca un grupo de periodistas que iniciarán una campaña para reunir un millón de firmas de apoyo con el fin de solicitar un referendo sobre dos artículos de la norma, los cuales consideran vulneran la libertad de expresión.

Se refieren a los artículos 16, que establece sanciones económicas y revocación de licencias a medios que divulguen ideas racistas y discriminatorias; y el 23, que fija sanciones a periodistas y dueños de medios que difundan mensajes racistas.

“Desgraciadamente quienes se están quejando de la ley son en realidad los dueños de los medios de comunicación privados que pertenecen a sectores de la oligarquía boliviana”, explicó el embajador.

Alvarado manifestó que esa es una prueba más de que estos medios de comunicación si son racistas y discriminatorios.

“Si no fuese así, no tendrían nada que temer y deberían estar a favor de esta ley antiracista. Pero sin embargo su actitud es prueba clara de esos medios de comunicación están en manos de aquellos que justamente durante siglos han discriminados y han excluido a los pueblos indígenas y campesinos”, sentenció.

En el acto de promulgación de la lay antiracista, el pasado viernes, el presidente Evo Morales, lamentó que la norma haya sido cuestionada por algunos propietarios del sector del periodismo por considerar que incluía artículos contrarios a la libertad de expresión.

“La libertad de expresión es respetada por el Gobierno y por la Constitución, pero no puede ser sinónimo de racismo y discriminación y de irrespeto a los ciudadanos”, agregó.

El Primer Mandatario expresó en el acto que si bien va a costar que acepten esta Ley algunos grupos aún influidos por actitudes racistas y discriminadoras deben hacerlo por una cuestión de justicia y equidad.

“Es importante que Bolivia deje atrás viejas prácticas que solamente hicieron daño al país”, acotó.

T/Yamila Blanco
F/Agencias

1942, o sea un poquito antes de que terminara la segunda guerra mundial