La situación de seguridad en Libia permanece precaria y volátil, con problemas étnicos y denuncias bien fundadas de torturas y asesinatos a prisioneros, según un reporte presentado este jueves por la Corte Penal Internacional (CPI) en Naciones Unidas.
En la presentación del sexto informe de la CPI ante el Consejo de Seguridad sobre la situación libia, la fiscal Fatou Bensouda advirtió que el actual escenario dificulta la gestión de su oficina, a la que en febrero de 2011 el Consejo refirió al país árabe, como parte entonces de las acciones para derrocar al luego asesinado líder Muamar el Gadafi.
Según Bensouda, Libia vive marcada por los coches bomba, los secuestros y los asesinatos de funcionarios públicos y agentes de seguridad.
«También despierta gran preocupación que miles de detenidos continúen en condiciones de incertidumbre, con muchas y aparentemente bien fundadas alegaciones de torturas y hasta ejecuciones bajo custodia», dijo.
La fiscal mencionó además como «igualmente alarmante» las tensiones en torno a la minoría étnica de Tawergha, poblado ubicado a unos 60 kilómetros de la norteña ciudad de Misurata, donde las fuerzas anti-Gadafi realizaron una limpieza de las personas de piel negra.
Si esas tensiones no bajan allí, cuentan con el potencial de atizar la violencia en el país, expuso.
Después del derrocamiento de Gadafi por la OTAN y grupos rebeldes en octubre de 2011, la nación del norte de África se ha visto sumida en la inestabilidad, pese a las elecciones del año pasado y una ley de justicia transicional consideradas por occidente pruebas de «una nueva realidad».
Respecto al caso de Saif Al-Islam Gadafi, hijo del asesinado líder, Bensouda reiteró ante el Consejo de Seguridad la obligación del gobierno libio de entregarlo a la CPI para su procesamiento, mientras este insiste en juzgarlo en el país árabe.