Cuatro candidatos de la oposición inscritos para participar en los comicios regionales y que optan a la reelección están siendo investigados por hechos ilícitos ocurridos durante sus gestiones.
Uno de los casos más emblemáticos que adelanta la Asamblea Nacional por daños al patrimonio público es el de la Gobernación del Táchira, actualmente en manos del candidato a la reelección por Copei, César Pérez Vivas.
Recientemente por este caso, tras una acusación del Ministerio Público, un tribunal del Táchira condenó a 35 trabajadores y allegados al tren ejecutivo del gobernador Pérez Vivas por el desfalco de 8,3 millones de bolívares fuertes, a raíz del caso de una presunta “nómina paralela”.
Adicionalmente, la Asamblea Nacional continúa sus investigaciones para solicitar el antejuicio de mérito que permita juzgar a los gobernadores y también candidatos opositores en Lara y Monagas, Henri Falcón y José Gregorio “el Gato” Briceño, respectivamente.
Mientras, el también gobernador y abanderado opositor de Carabobo, Henrique Salas Feo (Proyecto Venezuela), fue denunciado por dos casos de daño al patrimonio público.
LA CORRUPCIÓN DESATADA EN TÁCHIRA
Actualmente, 35 de los 39 acusados por el Ministerio Público han recibido condenas luego de haber admitido los hechos de corrupción por los que eran acusados en audiencia preliminar.
Vale acotar que la admisión del hecho ocurre cuando el acusado admite ante el tribunal su participación, por cuenta propia, en la comisión del delito.
Todos los imputados se han desprendido de irregularidades en el manejo de la nómina del personal, la remuneración y pago de pasivos laborales a trabajadores dentro y fuera de la Gobernación.
Entre los implicados hay directores, funcionarios y allegados de la Gobernación del Táchira.
Mientras, el gobernador del Táchira denunció una persecución política en su contra.
“No nos van a arrinconar con propaganda y guerra sucia (…) Apenas tuve conocimiento de esos hechos (…) ordené a la Contraloría Interna investigar esas denuncias; en conocimiento de ellas (…) desde el mismo gobierno solicité al Ministerio Público la actuación”, dijo Pérez Vivas el pasado 20 de febrero.
NO ES UN CASO SINO VARIOS
Desde julio de 2011 diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela del Consejo Legislativo regional solicitaron una auditoría tras detectar irregularidades en direcciones de Tesorería, Finanzas, Planificación y Presupuesto y Recursos Humanos en la gobernación.
Estas denuncias culminaron en junio pasado con una condena del Tribunal 10° de Control del Táchira contra la secretaria del despacho de la gobernación, Yelibeth Santander; a la secretaria de la Dirección de Bienes, Zoire Guerra, y al policía regional Oscar Araque por el cobro de comisiones para la tramitación de ayudas económicas del Ejecutivo regional.
Todos estos delitos están sancionados por leyes contra la Corrupción, contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y el Código Penal.
En julio pasado el Ministerio Público también extendió siete órdenes de aprehensión de otros siete funcionarios por irregularidades en la cancelación de pasivos laborales por un monto aproximado a los 8 millones 300 mil bolívares.
Ya por este caso la Fiscalía acusó a los exdirectores de Personal, Felipe Montilla; de Finanzas, Elsy Márquez; de Planificación y Desarrollo, Hilario Balladares, y la extesorera del estado, Alix Debia.
Mientras seguía el curso de la investigación, Pérez Vivas solicitó un crédito adicional alegando déficit en las arcas del estado para el pago de compromisos laborales.
El entonces vicepresidente de la República, Elías Jaua, advirtió que la región era la entidad con menor ejecución del presupuesto con 46% de los recursos aprobados por el Consejo Federal de Gobierno.
EN MONAGAS TRAS LA PISTA DE OBRAS NO LICITADAS
El coordinador de la Subcomisión de Contraloría, diputado Erick Mago (PSUV-Sucre), explicó el pasado lunes que en dos semanas presentarán el informe final sobre presuntos actos de corrupción cometidos por el gobernador de Monagas, José Gregorio “el Gato” Briceño.
Explicó que se le investiga por la construcción de la autopista Caicara-Potrerito por 200 millones de bolívares sin proceso de licitación, disponibilidad presupuestaria ni firma.
“Es notorio que el gobernador dijo públicamente que no iba a perder tiempo para hacer procesos licitatorios. Tenemos que investigar hasta lo último, hay elementos suficientes para declarar la responsabilidad política a Briceño”, dijo.
CARREÑO: GOBERNACIONES COMPROMETIDAS EN LAVADO DE CAPITALES
El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, no duda de que los gobernadores opositores están lavando capitales provenientes de la corrupción y el narcotráfico.
Responsable en la investigación de más de 321 denuncias de daños al patrimonio público de la nación, Carreño señaló que los gobernadores de Carabobo, Lara, Monagas y Táchira, “todos tienen casos de corrupción”.
“El gobernador del Táchira (César Pérez Vivas) tiene todo su tren ejecutivo preso; Henri Falcón tiene siete denuncias, ‘el Gato’ Briceño en Monagas ni se diga, y en Carabobo, Henrique Salas Feo tiene al menos dos casos”, explicó el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Indicó que las denuncias están debidamente sustentadas y “todas son comprobables”, por lo que el Parlamento continúa el proceso para llevar a un antejuicio de mérito a estos gobernadores
“Estamos frente a una organización diseñada para blanquear capitales sucios, tanto del narcotráfico como de la corrupción, y eso amerita una investigación”.
En el caso de Lara, Carreño señaló que Falcón tiene denuncias sumamente graves.
“Como alcalde vendió 36 hectáreas en el Triángulo del Este a 5 bolívares el metro cuadrado. Luego ese mismo terreno cambió de zonificación comercial y se revendió a 5 mil bolívares el metro. Eso implicó una pérdida del patrimonio público del municipio Iribarren”, explicó.
Señaló que los otros casos incluyen desvío de recursos y créditos aprobados para obras de infraestructura en salud, deporte y educación, que nunca fueron realizadas.
Lo mismo ocurrió en Monagas, donde Briceño ejecutó sin recurrir a licitaciones varias obras, algunas de las cuales ni siquiera existen.
En estos casos ocurrió lo mismo que en la Gobernación de Carabobo, donde se ejecutó menos de 50% del presupuesto aprobado y el resto se depositó en cuentas bancarias para percibir intereses, explicó Carreño.
“Han diseñado sistemas para la extracción de recursos que el Estado destina para la satisfacción de las necesidades del pueblo, para su uso personal”, señaló Carreño.
VIVAS INCRIMINADO
Desde septiembre del año pasado el diputado del Consejo Legislativo del Táchira, Luis Mendoza, ha exigido al gobernador de la entidad, César Pérez Vivas, que asuma la responsabilidad por los hechos de corrupción ocurridos en su gestión.
El 12 de marzo pasado el diputado legislativo señaló que el gobernador estaba al tanto de todas estas acciones.
Así lo confesó la auditora interna de la Gobernación del Táchira, Yulaidy Zambrano, luego de ser interpelada en el Consejo Legislativo por el desfalco de 4,5 millardos de bolívares de las arcas del gobierno regional.
“Pareciera que la delincuencia organizada se infiltró en la Gobernación para acabar con el erario público”, dijo Mendoza. La funcionaria aseguró que su despacho informó al gobernador opositor sobre todas las irregularidades presentadas con la emisión de pagos para nóminas paralelas por parte de la Dirección de Personal.