El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), ha recibido hasta este miércoles, cerca de 1.800 denuncias introducidas por personas víctimas de empresas constructoras de urbanismos, que cobran de manera ilegal el Índice de Precios al Consumidor (IPC), así lo informó Aura Rosa Hernández Moreno, presidenta del organismo.
“Hoy en día tenemos alrededor de 1.800 denuncias con expedientes abiertos, por concepto del cobro del IPC o por diferentes motivos de violación de las contrataciones”, dijo la titular del Indepabis, durante un avance informativo de la Noticia que se transmite por Venezolana de Televisión.
Asimismo indicó que el Indepabis mantiene hasta le fecha 1.300 medidas de prohibición de gravar. En ese sentido, explicó que esa sanción impide que el inversionista o constructora pueda ocupar o vender el inmueble, después del cierre del contrato.
También señaló que la ley prevé el establecimiento de multas que pueden ir desde el cobro de 1.000 Unidades Tributarias (UT), hasta 5.000 U.T., además de otras sanciones como ocupaciones temporales y la privativa de libertad, por la estafa o engaño a las familias.
“Es un drama lo que viven algunas de estas familias. El llamado es a que se acerquen a los establecimientos del Indepabis ubicados en el territorio nacional o que se comuniquen por el 0-800-reclama (7325262) que allí gustosamente haremos escuchar sus denuncias y la tramitación a través de la sala situacional y de todas las oficinas de la institución en todo el país”, aseveró Hernández desde la sede del organismo ubicado en la avenida Libertador en Caracas.
AFECTADOS ATENDIDOS POR LA SALA SITUACIONAL
Carmen Camacho, afectada del urbanismo terrazas de la Tahona, desarrollado por la empresa Construcciones Edivial S.A., detalló que le fue vendida la figura de Asociación Civil, mediante la cual con el dinero de los asociados se construirían los apartamentos. Sin embargo, pasaron 2 años desde la firma del contrato y la constructora no había levantado una sola columna de la edificación.
“Luego de iniciar la construcción comenzaron los aumentos. Y son incrementos que no podemos cancelar, porque mi apartamento que costaba 321 millones de bolívares (321 mil bolívares fuertes), en la actualidad cuesta 900 millones (900 mil bolívares fuertes). Es imposible cancelar eso”, manifestó Camacho.
Igualmente acotó que le han enviado comunicaciones notificándole que ya no pertenece a la sociedad civil y que se va a quedar sin vivienda. En ese sentido, invitó a todas las víctimas de las empresas constructoras acudir al Indepabis a introducir sus denuncias. “Estamos en una mesa situacional y tenemos muchísimo apoyo del Indepabis y yo estoy segura que de aquí saldrán respuestas positivas para nosotros”, aseguró.
Por otra parte, Juan Carlos Maró, víctima de la Constructora GM-200, que actúa en el estado Anzoátegui, apuntó que esa empresa ha cometido ilícitos con su bienhechuría, pues pagó cantidades de dinero y no tiene el inmueble.
Además presume que hay una complicidad en la banca hipotecaria, pues el BOD le aprobó 80 mil bolívares y no se los canceló. Al respecto, agregó que ya introdujo “la denuncia ante el Banavih que es el que los rige a ellos y sospecho que existe una complicidad que tiene la banca hipotecaria específicamente el BOD. Pero estoy procediendo”.
Aseguró que en el estado Anzoátegui son 5.000 los afectados y adelantó que están abocados desde la sala situacional conjuntamente con el gobierno Nacional a atacar los fraudes en la entidad oriental.
Dijo sentir un gran aliento por el respaldo que han tenido por parte del Gobierno Nacional y en ese sentido, agradeció “al comandante Chávez, a la comisión mixta de Elías Jaua, a la señorita Aura Rosa del Indepabis, al diputado Montiel, y a toda la comisión mixta que nos apoya”.