Este martes, Chevron iniciará un juicio amparado en la Ley Rico (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), en Nueva York, una ley federal contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas aprobada en 1970 por el congreso de EE.UU., en el que alegará que las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana, que firmaron la demanda en contra de la petrolera, se han organizado con el único fin de extorsionar a la empresa petrolera.
Bajo esta ley, “la empresa cree que los indígenas, campesinos y expertos nos hemos asociado ilícitamente para extorsionar a la empresa”, según explicó Pablo Fajardo, abogado defensor de las comunidades indígenas que demandan a la empresa por los daños ambientales causados en Ecuador.
La Corte Federal de Nueva York estará presidida por el juez Lewis Kaplan, en el cual no se tomarán en cuenta la versión de afectados ni las pruebas de la contaminación provocada por Chevron en el norte de la Amazonía ecuatoriana.
Para Alexis Ponce, experto en Derechos Humanos, “Chevron utiliza estas figuras porque saben el peso ideológico que tienen en la consciencia de la sociedad americana”. La empresa recurre a esta ley porque sabe que se les vendría en cadena todas las transnacionales petroleras similares.
Chevron también tiene otras demandas de países como Brasil, donde derramó 15 barriles de crudo. En la refinería de Richmond, en California (EE.UU.) donde hubo un incendio en 2012, con perjuicio en la salud de los habitantes.
La empresa estadounidense fue sentenciada en 2011 por un tribunal ecuatoriano a pagar 19 mil millones de dólares a los pobladores amazónicos que resultaron afectados por el daño ambiental causado durante las operaciones de la petrolera en Ecuador entre 1964 y 1990. En lugar de acatar la sentencia, Chevron-Texaco demando al Estado ecuatoriano en la Haya, organismo que se pronunció a favor de la transnacional.
Durante su operación en Ecuador, Texaco (luego Chevron) vertió entre 1964 y 1992 aproximadamente 80 mil de toneladas de resíduos petrolíferos en plena selva amazónica. Esta cantidad es aproximadamente unas 87 veces superior a la vertida por la multinacional British Petroleum en el Golfo de México, en ese caso la justicia de Estados Unidos condenó a la empresa británica a pagar 1.300 millones de euros.
En Nigeria, en enero de 2012, se registró una explosión en el campo petrolero de Funigua, el incendio tardó 46 días y fallecieron dos personas. Angola, en 2002, demandó a Chevron por dos millones de dólares por un derrame de crudo y 8 años después hubo otro derrame.