Un hombre estadounidense, condenado a pena de muerte en 1989, agonizó durante 15 minutos después de que se le suministrara un nuevo cóctel de fármacos, cuyos componentes eran más baratos para reducir los gastos en este tipo de sentencias.
Según un informe oficial, William Happ, de 51 años de edad, «tardó 15 minutos en morir con los ojos abiertos y su cuerpo convulsionando», poco después de recibir la inyección letal.
Pese a que el Departamento de Correccionales del estado de Florida (sureste) estaba experimentando con químicos letales no probados y los resultados no fueron buenos, las autoridades del centro penitenciario donde tuvo lugar la incidencia dijeron que el ejecutado no «sufrió» durante su agonía.
Asimismo, afirmaron que el experimento con midazolam como sustituto de fármacos más costosos fue un «éxito».
Después de una espera de 24 años y a pocos minutos de la muerte, Happ hizo una dramática confesión sobre la violación y asesinato de una joven.
Entre tanto, dos hombres fueron ejecutados este miércoles en los estados de Texas y Arizona (sur) mediante inyección letal con un nuevo barbitúrico no homologado después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara una apelación de última hora por la posible inconstitucionalidad del uso del nuevo químico.
Los dos hombres fueron ejecutados por inyección letal con un componente fabricado por un técnico farmacéutico no acreditado a nivel federal.
El ingrediente clave de la inyección, el pentobarbital, era proporcionado por la compañía farmacéutica danesa Lundbeck LLC, pero esta se negó a continuar suministrando dosis a Estados Unidos debido a la oposición de la Unión Europea (UE) a la pena de muerte.
Antes de 2011, varios estados de EE.UU. utilizaban el anestésico tiopental de sodio como parte de sus inyecciones letales, pero la compañía suministradora, Hospira Inc, detuvo la producción de la droga ese año, obligándolos a buscar otras opciones, por lo que muchos decidieron hacer uso de otros químicos.
Según organizaciones de Derechos Humanos, desde 1977 hasta 2011, más de mil 400 personas han perdido la vida a manos del Estado en Estados Unidos. Al menos cien de estas personas padecían enfermedades o problemas mentales graves, bien antes de los delitos por los que fueron condenadas a muerte, bien en el momento de su ejecución.