Ante el acervo probatorio presentado por el Ministerio Público, fueron condenados a cuatro años y seis meses de prisión 13 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y un civil, tras admitir su responsabilidad en la sustracción y posterior venta de siete plantas eléctricas, las cuales estaban bajo su custodia en las instalaciones de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), ubicada en el municipio Juan Germán Roscio del estado Guárico.
El hecho fue denunciado ante las autoridades por un trabajador del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el 4 de marzo de 2016.
Durante la audiencia preliminar, el fiscal 17º de esa jurisdicción, Oscar Álvarez, ratificó la acusación contra los capitanes Edison Aular Cortés y José Padrón Arias, el teniente y el primer teniente José Rapero Pineda y Johander Valera Vargas, respectivamente, por ser coautores en el delito de peculado doloso propio; además de asociación para delinquir agravada.
Del mismo modo, se les ratificaron los mismos tipos penales a los sargentos kharlos Uanche Moreno, Luis Armas Ledezma, José Rodríguez Romer, Jesús Sánchez González, Tomás Zambrano Amaya, José Fernández Aponte, Ronny Bueñaño Aguilar, César Rodríguez Serrara y Neiro Gutiérrez Rojas, así como para José Luis Ramírez Carpio.
Luego de escuchar la admisión de hechos por parte de todos y tras evaluar los medios de pruebas expuestos por el fiscal del caso, el Tribunal 4º de Control de Guárico, con sede en San Juan de los Morros, dictó la citada sentencia condenatoria contra los 14 hombres.
En este sentido, se mantienen recluidos en la sede del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en la mencionada ciudad guariqueña, hasta tanto un tribunal de ejecución determine con qué medidas cumplirán su pena.
Adicionalmente, la referida instancia judicial les acordó la cancelación de una multa correspondiente al monto estimado del daño generado.
El 4 de marzo de 2016, funcionarios del Cicpc fueron notificados de la extracción de siete generadores de corriente (valorados en 525 millones de bolívares) pertenecientes al ministerio penitenciario, los mismos estaban resguardados dentro de un container en el estacionamiento de la PGV.
Ante la situación irregular, el Ministerio Público inició las labores de investigación conjuntamente con efectivos de la policía científica, en las cuales se determinó que los 13 militares con la ayuda de Ramírez Carpio violentaron el contenedor para sacar las plantas que posteriormente fueron vendidas y canjeadas por vehículos.
Por tal motivo, siete días más tarde (11 de marzo), los 13 efectivos castrenses resultaron detenidos en la sede del Destacamento 34º de la GNB, situada en el citado municipio; poco después, fue capturado Ramírez Carpio en un sector de San Juan de los Morros. Todos fueron puestos a la orden del Ministerio Público.