En virtud de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fueron condenados a 30 años de prisión un subteniente y tres sargentos segundo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes el 16 de junio de 2010 secuestraron a un comerciante en la avenida Los Jabillos de la urbanización La Florida, parroquia El Recreo del municipio Libertador.
Durante el debate oral y público, los fiscales 152º y auxiliar del Área Metropolitana de Caracas (AMC) con competencia para intervenir en las fases Intermedia y de Juicio, Susana Churión y César Cordero, respectivamente, ratificaron la acusación contra el subteniente Enoc José Hidalgo Arguelles (26) y los sargentos segundo Miguel Antonio Sánchez Cruz (26), Juan Carlos Pérez Pérez (24) y Oscar Alejandro Zurita Arocha (30), por los delitos de secuestro breve, robo agravado y asociación para delinquir.
En este sentido, el Tribunal 4° de Juicio Itinerante del AMC, una vez evaluados los medios de pruebas expuestos por la representación del Ministerio Público, dictó la referida condena contra los cuatro efectivos de la GNB, quienes se encuentran privados de libertad en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde en el estado Miranda.
El citado día, cerca de las 10:00 de la noche, el comerciante dejó su vehículo aparcado en un estacionamiento y se dirigió hacia su residencia.
En ese instante, los militares, quienes se desplazaban en un vehículo marca Fiat Uno, interceptaron al hombre y bajo amenaza de muerte lo introdujeron en el automóvil, donde lo despojaron de su arma Pietro Beretta 9 mm.
Los militares le exigieron la cantidad de 50 mil bolívares para dejarlo libre; ante el razonamiento de la víctima de no tener esa suma de dinero, sus captores le pidieron 20 mil bolívares.
Sin embargo, el comerciante insistió en que no tenía suficiente dinero, por lo que los cuatro efectivos optaron por trasladarlo hasta la avenida Andrés Bello, lugar en el que procedieron a bajarlo del auto.
Posteriormente, a la víctima le dispararon en dos oportunidades con el arma que le fue robada; uno de los proyectiles le penetró en una de las piernas. El comerciante se desplomó en la avenida y, mientras los militares huían, fue auxiliado y trasladado a una clínica.
Sus familiares hicieron la denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), por lo que la pistola quedó registrada en los archivos policiales.
Luego, el 14 de julio de 2010, cuando se desplazaban en el Fiat Uno por un sector de Villa de Cura en el estado Aragua, los cuatro militares fueron avistados por funcionarios del Cicpc, quienes procedieron a solicitar sus identificaciones y revisar el auto donde encontraron el arma despojada al comerciante.
Una vez identificada el arma, se realizó una prueba de reconocimiento en el que la víctima identificó a los cuatro militares como las personas que lo secuestraron aproximadamente un mes antes.
En vista de ello, fueron puestos a la orden de la Fiscalía 19ª nacional y presentado ante el Tribunal 2º de Control del AMC, instancia que le dictó privativa de libertad, siendo acusados y ordenado su enjuiciamiento por los mismos delitos por los cuales ahora se les condenó