El secretario de Gobierno del estado Zulia, Blagdimir Labrador, y la presidenta del Consejo Legislativo, Magdely Valbuena, consignaron ante la Contraloría General las pruebas que evidencian el manejo indebido del erario público zuliano por parte del exgobernador Pablo Pérez, del partido derechista UNT.
En días pasados, estos documentos fueron entregados también a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y a la Fiscalía General de la República para su respectiva investigación.
En esta oportunidad, se remitieron soportes de 10 denuncias puntuales, certificadas por auditores que, según explicó Labrador, demuestran la malversación y el desvío de recursos.
Entre los documentos, indicó el secretario de Gobierno, se encuentran los cheques por 13 millones de bolívares del Programa de Alimentación Escolar, que fueron cobrados dos días antes de las elecciones regionales, y las pruebas de tráfico de influencia para el otorgamiento de las becas Jesús Enrique Lossada, de las que asignaron 17.000 fuera de reglamento y sin contar con presupuesto para ello.
Asimismo, se introducen evidencias de la paralización de obras en 56 escuelas, que habían sido presupuestadas.
Igualmente, se consignaron pruebas de irregularidades halladas en las secretarías que conforman la Gobernación.
«Nuestro compromiso es que se investigue y se acabe con la impunidad que tanto daño hace a nuestro país. Son corruptos que despilfarraron el dinero público y que probablemente se escuden con la matriz de opinión que son perseguidos políticos», enfatizó Labrador.
Refirió que el exgobernador Pablo Pérez actuó en complicidad con otros funcionarios públicos y con empresarios privados, por lo que todos deben ser investigados.
«Este tipo de prácticas, de malversación de recursos del pueblo, no se puede permitir. La lucha en contra de la corrupción debe ser el arma fundamental para construir una nación de justicia e igualdad», sostuvo.
Entre tanto la presidenta del Parlamento zuliano, Magdely Valbuena, recordó que Pablo Pérez desvió recursos que debían ser destinados a programas sociales, los cuales alcanzan los 145 millones de bolívares y que fueron utilizados para pagos de personal sin pasar por el Consejo Legislativo de Zulia.
Valbuena señaló que el soporte de las denuncias contra el exmandatario estadal están relacionadas a las auditorías realizadas en la Gobernación.
Los funcionarios estuvieron acompañados de los parlamentarios José Luis Acosta, Eduardo Labrador, Lisandro Márquez y Betty Zuleta.