El contralor general de la República, Manuel Galindo Ballesteros, hizo público ayer (lunes) el lanzamiento del proyecto de la cultura anticorrupción, con la finalidad de reducir y erradicar los ilícitos administrativos en los organismos de la administración pública.
“Después de varios meses de estudio creemos ciegamente que a través de la prevención podemos disminuir y evitar el flagelo de la corrupción”, manifestó Galindo después de culminar la primera jornada de la programación para conmemorar los 45 años del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría del Estado (Cofae), organismo adscrito a la institución.
El proyecto de la cultura anticorrupción se fundamenta en los valores éticos y morales para evitar que escale de manera desproporcionada y afecta la credibilidad de las instituciones públicas y privadas. Adelantó que el cronograma de ejecución de ese proyecto está en la fase de diseño, por lo que se anunciará oportunamente cuando se haya concluido.
Galindo insistió en la importancia de trabajar con el Poder Popular para luchar contra la corrupción. Además, mencionó que están articulado esfuerzos con la contraloría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para hacer frente “ a ese flagelo de manera conjunta”.
CUESTIÓN DE CREDIBILIDAD
Consideró que la Constitución Bolivariana tiene una elevada credibilidad en el mundo, por lo que es necesario fortalecer la cultura anticorrupción en el país para resguardar la ética institucional.
Otro de los aspectos que le parecen importantes resolver es que las misiones sociales establezcan una estructura interna administrativa para facilitar la auditoría de los órganos fiscalizadores. El Estado tiene la obligación de profundizar la contraloría de la gestión pública en todas las escales del poder, dijo Galindo refiriéndose tanto a la administración central, estadal y municipal.
En su conferencia planteó el proyecto de crear una universidad del control fiscal, “única en el mundo”, y agregó que es a través de la formación y capacitación que se fortalece la ética.
Otro de los proyectos que tiene en su agenda de trabajo es la modificación de la Ley Orgánica de Contraloría, para volver a restablecer el control previo.
SIN COMPETENCIA
En cuanto a la posible publicación de una nueva lista de personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos, el contralor dijo que el tema no es de su competencia. Lo que sí aclaró es que existen mecanismos en las leyes de la República para enterar de citación a las personas que no se han dado por notificadas, como la fijación de carteles en la prensa o enviarlo a su domicilio.
“El artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, creado en la Constitución de 1961, obliga a la Contralaría a notificar por carteles a aquellos ciudadanas o ciudadanos que no se hayan presentado a la citación”, especificó Galindo Ballesteros, acompañado del presidente del Cofae, Elmo Antonio Bell Smythe Durán, y el tren directivo de la contraloría.
El contralor recordó la obligatoriedad de las funcionariasy funcionarios públicos en ejercicio de hacer la declaración jurada de patrimonio, tal como lo establece la normativa. “Si no se hace acarrea, sanciones”, advirtió Galindo.