Autoridades en materia de salud de las comunidades autónomas españolas Andalucía, Asturias, Canarias y País Vasco expresan su rechazo a las medidas de austeridad impuestas por el Gobierno del presidente Mariano Rajoy, en materia de sanidad, que incluyen la suspensión de atención gratuita a los inmigrantes indocumentados.
A través de un comunicado conjunto, estas cuatro comunidades califican como regresivas las políticas de salud que entrarán en vigor este sábado 1º de septiembre, reseñó el portal del diario 20 Minutos.
Las comunidades firmantes rechazan específicamente la «retirada de medicamentos del sistema de financiación pública» y la «implantación de un sistema de aseguramiento ya superado en España, que pone fuera de la asistencia sanitaria pública a ciudadanos españoles» y «a extranjeros que residen en España».
Con la entrada en vigencia de las reformas en materia de salud en España, más de 153.000 inmigrantes irregulares perderán su tarjeta sanitaria.
Los responsables de salud de estas cuatro regiones además han pedido al Ministerio de Sanidad «que impulse el diálogo social e institucional con todas las autonomías, partidos políticos y agentes sociales” para tratar el tema del financiamiento a la salud.
Señalan que “la reforma del Sistema Nacional de Salud debe partir del diálogo conjunto institucional y democrático, situación que no se ha dado hasta ahora”.
Las comunidades manifiestan que “la solución a la actual situación de retracción de la economía no pasa por imponer un modelo económico y social basado en la restricción de derechos fundamentales básicos como la sanidad, ni por privatizar la cobertura y gestión de los servicios públicos”.
Los recortes presupuestarios en salud por parte del Gobierno del Partido Popular (PP) ascienden a 7.000 millones de euros; este tijeretazo forma parte de los ajustes para ahorrar 65.000 millones de euros en los próximos dos años y reducir el déficit fiscal.