El proyecto de Ley de Matrimonio Civil Igualitario, que fue consignado ante la Asamblea Nacional (AN) el 31 de enero de 2014 por más de 40 colectivos sexo-género diversos del país, debe ser debatido y la Defensoría del Pueblo participará en ese proceso, manifestó el titular de dicho organismo, Tareck William Saab.
Durante una entrevista concedida a Globovisión, recordó que el instrumento jurídico está en manos del Poder Legislativo luego de contar con el aval de más de 20.000 firmas recopiladas en todo el territorio nacional, a fin de abrir la discusión en torno a la aprobación de la unión civil entre personas del mismo sexo.
«Es un tema que está en la Asamblea Nacional, luego de un debate con firmas que enviaron (los colectivos sexo-género diversos) hacia la Asamblea Nacional. Es un Poder que tiene y debe debatir ese tema y nosotros vamos a participar de ese debate. ¿Se nos invitará a ese debate? ¡Ojalá!, ¡bienvenido sea el debate, conoceremos esa Ley y la debatiremos», resaltó Saab.
De la misma forma, resaltó que la orientación sexual de las personas tiene que ser respetada y amparada por las legislaciones para evitar la discriminación contra esta población vulnerable.
Exaltó, en ese orden de ideas, que la Constitución Nacional -aunque no lo contempla de forma explícita- expresa en el artículo 21 que «no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona».
EL PROYECTO PARA LA IGUALDAD PLENA
Debatir y, posteriormente, sancionar el proyecto de Ley para el matrimonio civil igualitario en Venezuela no solo se fundamenta en objetivos específicos plasmados en el Plan de la Patria 2013-2019, sino que es la única forma con la que el Estado venezolano podría garantizar protección jurídica y económica a las familias conformadas por parejas del mismo sexo.
Si el Poder Legislativo venezolano reconoce el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo garantizaría protecciones básicas que obtienen parejas heterosexuales relacionadas a custodia infantil, derechos de herencia y propiedad y visitas hospitalarias, entre otras.
No es baladí destacar que la lucha por alcanzar esa seguridad legal está contemplada en el objetivo 2.2 del Plan de la Patria, que conmina al Estado y a sus instituciones a construir una sociedad igualitaria y justa, para lo cual en sus apartados 2.2.4.2, 2.2.4.3 y 2.2.4.4, respectivamente, llama a la incorporación de la perspectiva de la igualdad de género en las políticas públicas, a promover la no discriminación y la protección a los grupos socialmente vulnerables, generar políticas formativas sobre la perspectiva de igualdad de género y de diversidad sexual y a promover el debate y reflexión de los derechos de la comunidad sexo-diversa.
El matrimonio igualitario también es legal en países como Argentina, Uruguay, España, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Inglaterra, Gales, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Sudáfrica y Suecia, así como en regiones de Brasil, Colombia, México y Estados Unidos.