El defensor del Pueblo, Tareck William Saab, realizó este lunes un conjunto de propuestas para fortalecer políticas que garanticen los derechos ciudadanos de los trabajadores del campo, mediante la articulación de diferentes organismos del Estado venezolano.
Durante un encuentro con los familiares de las víctimas del sicariato, Saab señaló que recientemente se efectuó una reunión en Puerto Ordaz, estado Bolívar, entre representantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Instituto Nacional de Tierras (Inti), el Ministerio Público (MP) y la Defensoría del Pueblo, para crear una comisión que vele por la defensa de los derechos de los campesinos.
«Nuestra propuesta es fortalecer esta comisión interdisciplinaria, donde por supuesto también participa el comité de familiares de víctimas del sicariato campesino para, en primer lugar, aparte de la investigación de carácter policial y detención de estos terratenientes, buscar políticas de carácter preventivo que le aseguren a ellos sus derechos ciudadanos, no solamente a la vida sino también a desarrollar su trabajo de forma digna», expresó, en transmisión de Venezolana de Televisión.
Planteó que entre todas estas instancias se desarrolle un plan de asistencia integral que abarque la parte económica, social, psicológica y familiar de los campesinos y además sincere la propiedad de la tierra en el país, para evitar que se cometan más crímenes de ese tipo.
Mencionó como ejemplo de sicariato en el campo el caso de Sabino Romero, líder indígena asesinado el 3 de marzo de 2013 en el municipio Machiques de Perijá, estado Zulia, cuando bajaba desde Chaktapa, junto a su esposa, Lucía Martínez, a participar en un proceso de votación para elegir al cacique mayor en El Tokuko.
«Sabino Romero murió a manos de terratenientes, producto de su lucha, para reivindicar el trabajo en el campo, pero no solamente ha sido Sabino Romero sino casi 190 hombres y mujeres del campo que claman una atención de derechos humanos», apuntó.
Saab aseveró que el Instituto Nacional de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo les ha tendido la mano a estos campesinos en una acción sistemática, por lo cual destacó la necesidad del trabajo conjunto entre otros organismos del Estado para enfrentar la situación desde diversas instancias del Poder Público Nacional.
«Poder Judicial, a través del Tribunal Supremo de Justicia; Poder Ciudadano, a través de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público; y Poder Ejecutivo, a través del Inti y del ministerio competente que trabaje esta materia», detalló.
Sostuvo que como venezolanos e impulsores de la actividad productiva de la nación, los derechos de los campesinos son un asunto de Estado y requieren una atención «no espasmódica y coyuntural, sino permanente».
Igualmente, propuso la creación de la Misión Madres del Campo, «que ayude a las madres campesinas en el aspecto social y económico» y que se instalen escuelas de formación de cuadros en el campo, con el apoyo de la Universidad Campesina de Venezuela Argimiro Gabaldón, institución educativa creada el año pasado, que cuenta con 200 aulas en 14 estados del país.