La vicepresidenta del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), diputada del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), Delsa Solórzano, opinó este lunes que “el Gobierno Nacional debe declarar en el país la emergencia nacional en materia de seguridad ciudadana”.
A su juicio, en el país el tema de la inseguridad se aborda de manera compartimentada: “Sigue tratándose como islas, sin entender que la seguridad ciudadana se debe tratar como un asunto sistémico integral. Es necesario un verdadero Plan de Seguridad Ciudadana, que vaya desde la prevención del delito hasta la adecuada reinserción del delincuente en la sociedad después de cumplir su pena”.
En ese sentido, indicó que “todas las áreas tienen que estar entrelazadas, para poder alcanzar el fin común, el cual es la seguridad de los venezolanos”.
MEJORAR DOTACIÓN POLICIAL
En una rueda de prensa efectuada en la sede de UNT, Solórzano recordó que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el año pasado entregó al Vicepresidente Ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, una comunicación en el que solicitaban la derogación de la resolución número 17.350 del 13 de febrero del año 2011, que establece que los policías solo pueden portar armas 9 milímetros y una escopeta calibre 12 por cada 10 funcionarios.
En su opinión, dicho armamento “no es suficiente para resguardar la vida y los bienes de los venezolanos. Tampoco para enfrentar a los delincuentes que atacan a los policías con granadas y armamento pesado”.
Añadió que el Estado venezolano tiene la obligación de resguardar a las venezolanas y los venezolanos, así como a los funcionarios policiales: “Este no es un tema que nosotros estemos inventando. Son hechos que están ocurriendo en la calle, hechos que atemorizan a la población”.
Ante esta situación, Solórzano manifestó que UNT pone a la disposición del Gobierno Nacional los planes de seguridad impulsados por esta organización política, que según dijo “han sido desarrollados por técnicos y especialistas en la materia”.
ARMAS ILEGALES
Solórzano señaló que según diversas fuentes, las cifras en torno a la circulación de armas de fuego en el país varían: “Esas cifras hablan de entre 6 y 12 millones de armas de fuego ilegales circulando en Venezuela. No hay cifras oficiales al respecto, pero lo que si sabemos, es que los delincuentes portan granadas, mientras nuestros funcionarios policiales tienen una regulación estricta a la hora de portar armas, que no es suficiente para combatir a la delincuencia que está brutalmente armada en las calles”.
La diputada señaló que las policías preventivas dirigidas por los alcaldes del país, “tienen que estar completamente bien equipadas, con instrumentos y mecanismos necesarios, para poder lograr ese fin último, que es evitar que se cometa el delito”,
Otro factor importante, subrayó, es que además de estar bien equipadas, “debe estar bien pagadas”, ya que los funcionarios policiales “hacen en Venezuela, un riesgoso trabajo y su salario no es suficiente para seguir arriesgando su vida en la calle todos los días”.