El secretario ejecutivo del CNDH, Larry Devoe, informó que el organismo ha realizado diferentes consultas del Plan Nacional de Derechos Humanos en los estados venezolanos que comparten frontera con Colombia, con el objetivo de conocer la percepción que tienen en esa materia las personas que ahí habitan.
“Nosotros hicimos una consulta del Plan Nacional de Derechos Humanos en el Táchira, donde también tuvieron una importante participación los colombianos y las colombianas que hacen vida en ese estado, y ellos tuvieron la oportunidad de hacer sus aportes al plan. Estuvimos en Apure también, otro estado fronterizo”, detalló.
En esas regiones, el principal planteamiento que se hace a través de la consulta, reveló, es “fortalecer la presencia de las instituciones del Estado, e incrementar los mecanismos de protección a los derechos, frente al fenómeno del paramilitarismo y el contrabando”, que de acuerdo con el vocero, tienen un impacto negativo en el derecho al acceso a los bienes y los servicios, así como en el derecho a la calidad de vida de esos sectores de la población.
DESMILITARIZACIÓN
Para Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, por muchas consultas que se hagan en los estados fronterizos, los conflictos que se suscitan allí no van a resolverse mientras la respuesta que ofrezca el Estado sea la militarización.
Precisó que la fórmula aplicada en todos los decretos de estado de excepción en Táchira, Zulia y Apure, está basada en el Artículo 10 de la Ley Orgánica de Estado de Excepción, “que habla únicamente de emergencia económica”, por tanto, considera que “si la emergencia es económica no puede ser que la primera respuesta sea la militarización”.
Sostiene que una de las grandes luchas del movimiento por los Derechos Humanos de los años 80 y 90 fue la desmilitarización de la seguridad ciudadana. “Gracias a que ciertos funcionarios, durante el gobierno del presidente Chávez, aceptaron ese reto, llamaron a personas que eran parte de una ONG de DDHH y los invitaron a trabajar en eso, logrando la desmilitarización de la seguridad ciudadana”, celebró.
Bajo esa premisa, refiere, se crea la Policía Nacional, y una universidad de la seguridad bajo un mando civil. Sin embargo, asegura que en la coyuntura del asesinato de la actriz Mónica Spear y su esposo, “se militariza la policía, se coloca a un militar frente a la UNES y se militariza de nuevo la seguridad ciudadana”.
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