El 4 de octubre de 1982 el Frente Guerrillero Américo Silva fue atacado por los cuerpos de seguridad en las cercanías de la ciudad de Cantaura en el estado Anzoátegui. En el hecho, conocido como la Masacre de Cantaura, fueron asesinadas 23 personas, entre las cuales se encontraban 17 hombres y seis mujeres.
Marelis Pérez, diputada del Parlamento Latinoamericano y miembro principal de la Comisión Por la Justicia y la Verdad, aseguró que se trató de un asesinato planificado.
Contó que el campamento fue asaltado a las 5:00 am. Según Pérez, los cuerpos de inteligencia actuaron tras recibir informaciones de delatores. Se cree que dos
hermanos de apellido Rebanales indicaron el sitio donde se encontraban los insurgentes.
Precisó que los guerrilleros se habían reunido en el lugar para reorganizar las fuerzas: “No era una reunión para planificar asaltos, no era una reunión de combate”.
La diputada comentó que durante la Cuarta República se impuso el terrorismo de Estado: “No había ningún límite para torturar. Se aplicaban prácticas crueles para obtener información. Quien no se doblegaba ante la tortura era desaparecido o era asesinado. Pero quienes no eran tan fieles a sus principios delataban a sus compañeros y, lo que era peor, se pasaban a las fuerzas policiales. Se acuerdo a informaciones de revolucionarios, los hermanos Rabanales fueron los responsables de la delación que permitió a los cuerpos de inteligencia ubicar el campamento”.
Indicó que el gobierno de Luis Herrera Campíns justificó la masacre al presentar a los fallecidos como unos bandoleros.
Dijo que nos les permitieron a los familiares recibir los cadáveres de sus seres queridos: “Se apoderaron de los cadáveres. Algunos fueron enterrados en fosas comunes. Las dictaduras del Cono Sur para nada desdicen de estos actos que se cometieron aquí”.
TERRORISMO
Pérez puntualizó que en la década de los años 60 del siglo XX se produjo una insurgencia política y militar en contra de los partidos Acción Democrática y Copei, y del Pacto de Punto Fijo.
“La primera movilización contra el gobierno de Rómulo Betancourt estuvo integrada por desempleados. Fue en la plaza La Concordia y murieron tres personas”, refirió.
La diputada contó que en la Cuarta República reprimían las protestas estudiantiles, sindicales y de trabajadores: “La consigna de Betancourt fue disparen primero y averigüen después. Es una consigna que expresa claramente su desprecio al debido proceso, hacia la legalidad constitucional y a los derechos plenos de nuestro pueblo; lo que se imponía era el autoritarismo”.
A partir de 1960 se crearon en el país los Teatros de Operaciones (TO) para enfrentar y aniquilar a la guerrilla: “Las personas eran torturadas en los TO y después las desaparecían; era una política de terrorismo de Estado, dirigida desde la Escuela de las Américas de Estados Unidos, con sede en Panamá; era una escuela para aplastar la contrainsurgencia”.
Indicó que se han descubierto instructivos que ofrecían orientaciones para extraer información por la vía de la tortura: “El Estado no respetaba los derechos humanos. Ni siquiera el derecho a la vida, que es un principio fundamental que estaba establecido en la Constitución de 1961, lo respetaron”.
Subrayó que se trataba de una política de exterminio de los grupos insurgentes.
Mencionó que a inicios de la década de 1980, durante el gobierno de Luis Herrera Campíns, los grupos insurgentes se plantearon la posibilidad de reincorporarse a la vida civil.
Se realizaron debates políticos en las organizaciones guerrilleras Bandera Roja, OR y y el Partido de la Revolución Venezolana (PRV), para promover los movimientos de masa para apoyar al pueblo en sus luchas: “No se trataba de una conciliación, no era una negociación. Se hizo un debate sobre la situación nacional y los nuevos caminos políticos, y sobre el agotamiento de la lucha armada como vía para la transformación”.
Herrera Campíns siempre fue catalogado como el representante de la izquierda cristiana, de la corriente de la izquierda en Copei. Representaba al sector progresista en el partido.
No obstante, continuó la política represiva: “No era el asunto de una persona, era que el Estado construido por AD y Copei fue controlado por los sectores vinculados a la política de contrainsurgencia norteamericana; lo que llamaron la guerra de baja intensidad”.
IMPUTADOS
La diputada Marelis Pérez comentó que, gracias a la labor emprendida por la Comisión por la Justicia y la Verdad, el Ministerio Público imputó a tres personas por la muerte de 23 guerrilleros en Cantaura. Se trata de Remberto Uzcátegui, exdirector de la Disip, por la presunta comisión del delito de concurso real en el homicidio calificado con alevosía y motivos innobles, y quebrantamiento de principios y pactos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado venezolano.
También fueron imputados José Domingo Yépez, quien para la época era subinspector de la Disip, y el excomisario Henry López Sisco
EN LOS CHANGURRIALES DEL MOROCHO EVANS
Hoy, a partir de las 11:00 am, se realizará un acto conmemorativo del 31 aniversario de las heroínas y los héroes caídos en la Masacre de Cantaura. El evento se llevará a cabo en el sector Los Changurriales del Morocho Evans, en Anzoátegui.
Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, presidirá el acto, junto al gobernador de Anzoátegui, Aristóbulo Istúriz. También asistirán la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, y el diputado bolivariano Fernando Soto Rojas.
Se tiene previsto realizar conversatorios con la participación de colectivos, y familiares y amigos de las víctimas.
A las 3:00 pm saldrá una marcha hacia la avenida Bolívar de Cantaura, donde habrá un concierto.