Dicen que después de cuatro años de diligencias infructuosas, la medida de expropiación tomada por el Gobierno les da esperanzas de que la empresa que los estafó finalmente cumpla con la obligación. Cuentan que no sólo se endeudaron sino que su salud y su vida familiar se vieron seriamente afectadas
Las 17 familias que iniciaron la lucha para recuperar los inmuebles por los que llevan cuatro años de sacrificios, y que fueron estafadas por la constructora responsable del Complejo Urbanístico Terrazas de La Tahona, aseguran que además de los perjuicios económicos, han sufrido daños morales, emocionales y de salud.
“Yo inicié los trámites para adquirir apartamento en este complejo habitacional en el año 2006, cuando supe de su construcción. A mis 35 años de edad me sentía emocionado por tener la opción de tener vivienda propia y después de valorar los riesgos de inversión y sacar cuentas decidí iniciar las gestiones”, explicó José Luis Gutiérrez, un contador público víctima de estafa inmobiliaria por parte de la constructora Edivial Compañía Anónima.
A mediados del año 2007, Gutiérrez entregó la inicial del precio de venta del apartamento, de 70 metros cuadrados, el cual estaba valorado en 218 mil bolívares.
“Nos dijeron que se trataba de una Asociación Civil y que al pagar nos convertíamos en asociados, por lo que ellos iban a trabajar con nuestro dinero para adquirir materiales y pagar a los obreros. Con el tiempo supimos que la empresa realizó transferencias de fondos de nuestra asociación a otras en las que también tienen participación y que el terreno donde se edifica la obra aún no está registrado”, dijo.
Contó que hasta la fecha ha cancelado 305 mil bolívares, es decir, 87 mil bolívares más que el costo establecido como precio de venta.
“Lo más insólito no es lo que he pagado de más, sino que pretenden que pague hasta llegar a 605 mil bolívares. La obra aún esta en fase gris (obra limpia) y justo una semana antes de que el Presidente (Chávez) anunciara las medidas de expropiación y ocupación inmediata notificaron que faltaba un ajuste por aumento de precio del material, escasez y mora de varios asociados”, sentenció.
El estafado informó los dueños de la constructora dicen que la obra está adelantada en 70% de adelanto, pero él asegura que en realidad no hay nada listo.
“Yo soy casado y con un hijo y necesito mi apartamento, por el que he pago puntualmente. Antes de meterme en esta inversión, que resultó ser una gran trampa, vivía alquilado. Ahora estoy arrimado en casa de familiares. En este inmueble tengo colocado todo mi dinero y el sacrificio de muchos años de trabajo. Pagué cuotas de 21 mil bolívares por mes, lo que no se fue sencillo”, manifestó.
El agraviado relató que en una reunión de asociados les hablaron de un incremento en el precio, que resultó ser el IPC disfrazado, y como expresaron que no estaban dispuestos a pagar esa diferencia, los amenazaron con dejarlos en la calle. Gutiérrez confesó que ante la amenaza, llegó a valorar la posibilidad de pagar “por miedo a no tener vivienda y perder todo lo que había aportado. Mi temor crecía cada día más, al ver a mi familia reducida a vivir en el espacio de un cuarto en la casa de familiares y sabiendo que la obra no avanzaba. A mí me ofrecieron el apartamento para diciembre de 2009, hace casi un año”, precisó.
El contador público insistió en destacar que se sentía burlado y atado de manos al no encontrar una respuesta satisfactoria a su lucha, hasta el pasado domingo, cuando el Presidente Chávez dictó la medida de expropiación y ocupación inmediata de los inmuebles.
“La alegría que sentimos mi esposa y yo fue inmensa. Recuperamos la confianza perdida. Ésta era la respuesta que esperábamos del Estado, guiado por un presidente que piensa en su pueblo y que restea por su gente. Aún no nos han dado fecha de entrega de los apartamentos, pero nuestra expectativa cambió”, aseveró.
José Luis Gutiérrez aseguró que el complejo urbanístico cuenta con 144 apartamentos, de los cuales 120 fueron destinados a la venta. “Sólo 17 familias afectadas iniciamos la cruzada, pero ya otras se están sumando. Así venceremos”, concluyó.
“LA INCERTIDUMBRE NOS ESTABA MATANDO”
Carmen Camacho y Julio César Uzcátegui son ingenieros químicos y esposos desde hace casi tres décadas, tiempo durante el cual han vivido pagando alquileres, dejando dinero “en sacos roto”. En 2006 decidieron adquirir vivienda propia, pensando en el futuro de sus tres hijas y sus futuros nietos.
“Nos enamoramos del proyecto, que atraía con una publicidad vistosa y promesas de pronta entrega, pero todo resultó un fraude. Negociamos la adquisición de un apartamento de 95 metros cuadrados por un monto de 321.100 bolívares pagaderos en 44 cuotas y con una promesa de entrega para diciembre de 2009 y lo que se veía sencillo ha resultado una verdadera tragedia”, remarcó Uzcátegui.
El matrimonio Uzcátegui Camacho vio pasar dos años en los que la obra no avanzó. Cada fin de semana visitaban el lugar esperando encontrar movimiento en los terrenos, máquinas o materiales, pero no fue así.
“Cuando empezó la construcción como tal, nos convocaron a una primera reunión. Allí nos informaron de un aumento en el precio de 3 mil a 5.500 bolívares por metro cuadrado de construcción, alegando que los precios de los materiales habían subido. No habían pasado dos o tres meses cuando nos dijeron que de 5.500 bolívares el aumento había pasasdo a 7 mil por metro cuadrado, lo que elevó el precio del apartamento a 794 mil bolívares, es decir, 168% más”, concretó.
DENUNCIA DE LA ESTAFA
Ante esta situación, y tras aliarse con otras familias en la misma situación, las y los afectados acudieron a la sede del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas y Vivienda el 6 de agosto del 2009 y a la sede de la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) el 3 de septiembre, para denunciar oficialmente lo que ya consideraban una estafa.
“Recibimos respuesta por parte del Ministerio el 17 de agosto. Nos instaron a no realizar los pagos adicionales, tal y como consta en el expediente número 0877, y así lo hicimos”, puntualizó Carmen Camacho.
Camacho aclaró que su núcleo familiar está integrado por seis personas, entre otras su madre, las cuales viven alquiladas en un anexo en la urbanización Prados del Este y por el que pagan 2.500 bolívares al mes.
“Esta situación nos generó deudas adicionales al primer compromiso adquirido, además del gasto de vivir alquilados, pudiendo haber tenido listo el inmueble hace casi un año. Para completar, donde vivimos, nos solicitaron la desocupación para enero del año que viene y ya no sabemos a dónde ir. Mi esposo ha sufrido dos infartos, uno de ellos producto de este proceso angustioso, por lo que yo me he visto en la necesidad de seguir la lucha”, acotó.
Narró que cuando les comunicaron el aumento del precio del inmueble, su esposo conversó con el dueño de la constructora para ofrecerle, en calidad de pago, un apartamento que ellos tienen en Mérida, pero la respuesta que obtuvo no fue la deseada.
“Nos dijeron que aceptaban el apartamento para saldar parte de la deuda, pero nos pedían más dinero. Aparte de eso, no nos aseguraban fecha de entrega del inmueble ni nos decían si podían mantener el precio. Esa situación casi nos volvió locos”, expresó.
Hoy, el matrimonio Uzcátegui Camacho se siente esperanzado. Aseguran que la incertidumbre los estaba matando, sufrían de los nervios y cada vez que veían el calendario y el saldo en sus cuentas bancarias querían llorar.
“Ya no estamos solos, tenemos un Presidente que se ocupa de la clase media. Nuestro drama familiar está a punto de terminar, porque ya estamos viendo otro panorama. Antes tratamos con personas que nunca nos dieron la cara, pero ahora tenemos el aval de la medida presidencial y contra ella no van a poder. Nuestra esperanza se convirtió en convicción, en certeza que dentro de poco tendremos las llaves de nuestro nuevo apartamento”, puntualizó.
UN GRAN DESGASTE EMOCIONAL
La abogada Andreína Marchán y su esposo pagaron la inicial del monto de venta de un apartamento en el Conjunto Urbanístico Terrazas de La Tahona en 2006. En ese momento, sin saberlo, estaban cayendo en una trampa.
“Negociamos por un inmueble de 140 metros cuadrados por un precio de 354.900 bolívares, que con el pasar de los años llegó a 908.975 bolívares”, destacó.
Marchán, de 31 años de edad, destacó que lleva dos años de lucha, porque primero intentó la vía amistosa, pero de nada le sirvió.
“Yo fui una de las que empezó a pelear con los dueños de la constructora, quizás por ser conocedora de las leyes y saber que estaba en presencia de un timo. La jornada no ha sido fácil. El desgaste emocional es impresionante, sin hablar de la salud y de los problemas familiares”, insistió.
Dijo que cuando ella y su pareja negociaron la compra tenían un hijo, pero a estas alturas ya tienen dos. Se vieron obligados a vivir en la casa de su suegra, a pesar de haber cancelado la totalidad del monto inicial, ya que se negaron a pagar los montos adicionales, que estaban al margen de la ley.
“Los muebles los tengo en un local alquilado por el que pagamos 4.500 bolívares al mes. Vivo arrimada y mi esposo trabaja de lunes a lunes, casi las 24 horas del día. Por culpa de esta estafa he tenido problemas con mi familia, pues me decían que era nuestra culpa por tomar una mala decisión y que seguro perderíamos todo”.
La joven profesional dice que ha perdido su vida social y que en los últimos años ella y su pareja ha entregado “todo el fruto de su trabajo y sacrificio a esta gente, que no sabe valorar a las personas y las engaña impunemente. En un momento, llegué a pensar que de verdad la tenía perdida y que iban a poder más que nosotros, pero gracias a Dios y al Presidente no fue ni será nunca más así”, enfatizó.
La dama contó que su cuando escuchó la medida presidencial por cadena nacional lloró de la emoción. “No lo podía creer. Nos tomaron en cuenta, era lo único que pensaba. Yo sabía que mi Presidente no nos iba a dejar por fuera. Mi emoción no me dejaba pensar bien, porque es muy difícil volver a creer cuando la esperanza se ha perdido” dijo con ojos llorosos.
La exigencia del grupo es, ahora, la finalización de la obra y la entrega de sus apartamentos. “Estamos dando como fecha límite el mes de julio del 2011, estamos cansados de pelear por nuestro derecho, pero no vamos a ceder; ahora menos que nunca. Gracias Presidente, gracias por pensar en su pueblo. Dios lo bendiga siempre”, concluyó Marchán.
LOS ESTAFADORES DEBEN PAGAR CON CÁRCEL
Para Reyna González de Real, los estafadores inmobiliarios deben pagar con cárcel su delito, porque no sólo causan perjuicios económicos, sino morales y psicológicos.
“Yo hice un convenio de asociada por 476 mil bolívares para adquirir un apartamento de 128 metros cuadrados más 80 metros cuadrados de terraza, eso fue en 2006. Hoy, cuatro años después, pretenden que cancele 1 millón 20 mil bolívares por el mismo inmueble”, explicó.
Aseguró que el retraso en la entrega del apartamento convenido le ha generado daños de toda índole y ha alterado su paz familiar.
“En la actualidad vivo alquilada pagando 10.500 bolívares por mes, ya que tuve que buscar un apartamento grande donde cupiesen todas mis cosas. Para dar la inicial de compra en el conjunto residencial vendí un terreno, un carro. Varios de mis familiares ayudaron, como mi mamá y mi suegra”, detalló.
“El patrimonio económico ahorrado en 12 años de matrimonio está aquí: entre cabillas y bloques. A consecuencia de este problema mi esposo sufrió una parálisis del lado izquierdo del cuerpo, y a pesar de haber ido a decenas de médicos no dan con una cura efectiva. Para nosotros eso es resultado del estrés vivido, de las angustias y miedos de quedarnos sin apartamento, sin dinero, con tres hijos y sin techo propio. A mí me salieron dos nódulos en la garganta por las mismas razones”, subrayó.
González agradeció la atención prestada por el comandante presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez.
“Esto nos demuestra que sí valió la pena. Espero que esto sirva de ejemplo y que los responsables tengan una sanción administrativa y penal. No se puede ir por la vida haciendo daño a familias inocentes, esperanzadas y con sueños”, puntualizó.