El tribunal guatemalteco, encabezado por la jueza Jazmín Barrios, sentenció al exdictador Efraín Ríos Montt como culpable con una condena de 80 años de prisión por el delito de genocidio y de lesa humanidad contra la etnia itxil entre 1982 y 1983.
El exdictador Ríos Montt es «sentenciado a 50 años de prisión por los delitos de genocidio y 30 años por los delitos de lesa humanidad, a ser cumplidos inmediatamente en el centro de reclusión que sea definido por las autoridades».
La audiencia fue realizada en la Corte Suprema de Justicia de Guatemala donde al menos 600 personas se presentaron para escuchar la decisión tomada en el caso que estuvo siendo debatido por la justicia por al menos dos meses.
Durante la lectura previa a la sentencia, se ratificó que el juzgado constató a través de peritos sobre las denuncias hechas previamente. «Hubo niños que fueron apresados y trasladados a otras localidades (…), en unas operaciones bajo el liderazgo de José Efraín Ríos Montt, quien estaba al tanto de todo lo que ocurría y no lo detuvo».
El exjefe de Inteligencia de Ríos Montt, José Rodríguez Sánchez, fue absuelto de acuerdo a la sentencia emitida por el Tribunal, basada por los artículos 13 y 14 de la Constitución Penal de la República de Guatemala.
De acuerdo a la jueza, Ríos Montt estuvo en capacidad de detener todas las operaciones «y no las detuvo, a pesar de tener todo el poder para hacerlo por ser la máxima autoridad militar» como un jefe de Estado de facto.
Más temprano el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, aseguró que su Gobierno respetaría el fallo que del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo en el juicio por genocidio contra del exdictador José Efraín Ríos Montt y su antiguo jefe de Inteligencia, José Rodríguez.
«Nosotros somos respetuosos. Vamos a respetar lo que digan los tribunales» en cualquier sentido que sea su sentencia, fueron declaraciones del mandatario que reportó la prensa local, luego de una actividad pública en la periferia oeste de la capital.
PEDIDO DE CULPABILIDAD
La Fiscalía y los querellantes pidieron al tribunal declarar a los militares culpables de los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, con penas de 75 años de prisión, por la muerte de mil 771 indígenas ixiles a manos del Ejército.
Tanto Ríos Montt, de 86 años, como Rodríguez, de 67, se declararon inocentes de los cargos, y sus abogados pidieron la absolución del tribunal, aduciendo que durante el juicio no se logró demostrar su responsabilidad.
Ríos Montt hizo el jueves su declaración final, su única intervención a lo largo del proceso que inició sus audiencias públicas el pasado 19 de marzo, después de 13 años de esfuerzos legales de la parte querellante, los sobrevivientes de la región ixil, representados por la Asociación de Justicia para la Reconciliación (AJR), y el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CADDH).
“En 1982 la subversión estaba en el parque Central lista para tomar el poder. Y el ejército tenía cansancio de guerra. Me llamaron (para encabezar un golpe de Estado) y yo acepté, porque había que salir (de) la situación empantanada que vivíamos. Como jefe de Estado el gran compromiso ante la oficialidad joven que dio el golpe de Estado fue trabajar en democracia, con ley”, explicó.