La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, reafirmó este sábado el compromiso de la justicia venezolana con la resolución del caso en el que fueron asesinados 14 pescadores artesanales de la comunidad El Amparo, en el estado Apure.
«A 28 años de la masacre de El Amparo, el Ministerio Pública venezolano y de la Comisión por la Justicia y la Verdad mantienen el compromiso de hacer justicia a las víctimas», escribió la fiscal en su cuenta oficial en Twitter @lortegadiaz.
La Comisión por la Justicia y la Verdad es una instancia encargada de investigar los crímenes, desapariciones, persecuciones y torturas que, por razones políticas, se cometieron en Venezuela entre los años 1958 y 1998, uno de ellos es la masacre de El Amparo, cometida a manos de los oficiales de la Operación Anguila III, organizada por el Comando Específico General en Jefe José Antonio Páez, también conocido como Cejap.
Este comando antiguerrillero dependía directamente del entonces presidente de la República, el adeco Jaime Lusinchi, y era comandado por el comisario Henry López Sisco.
La mañana de ese sábado 29 de octubre de 1988 un grupo de 16 pescadores salió de la población fronteriza de El Amparo, en el municipio Páez del estado Apure, para ir a pescar coporos en el caño Las Coloradas, a orillas del río Arauca. Del viaje sólo dos sobrevivieron, el resto de los hombres nunca regresó.
Las víctimas de la masacre fueron José Indalecio Guerrero (51), Rigo José Araujo (36), Julio Pastor Ceballos (43), Carlos Antonio Eregua (19), Arin Obadías Maldonado (44), Moisés Antonio Blanco (24), Luis Alfredo Berríos (42), Emeterio Marino Vivas (34), Rafael Magín Moreno (45), Pedro Indalecio Mosqueda (32), José Mariano Torrealba (50), José Ramón Puerta García (30), José Gregorio Torrealba (22) y Justo Arsenio Mercado (39).
En ese sentido, Ortega Díaz también celebró la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anula la sentencia que absolvió a los implicados en esta masacre dictada el 30 de junio de 1998 por el Tribunal de Reenvío en lo Penal Militar, la cual fue avalada por la decisión del 20 de octubre de 1998, emanada de la Sala de Casación Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia, también anulada por el máximo tribunal del país.
Entre los delitos cometidos por los implicados destacan el de homicidio intencional, homicidio intencional en grado de frustración y uso indebido de arma de fuego, en perjuicio de 16 personas, a los funcionarios acusados por haberle causado la muerte a 14 personas y lesiones a otras dos.
Las probanzas llevadas a cabo no demuestran que haya habido enfrentamiento armado entre los atacantes y sus víctimas, como se alegó hace 28 años. Asimismo, se evidenció la violación de las normas y leyes previstas para la Constitución que tenía vigencia para entonces, lo que representa graves violaciones al debido proceso, tutela judicial efectiva, a los derechos humanos y a la justicia.
En ese sentido, la sentencia ordena a la Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar, proceda a dictar nueva decisión en el presente asunto, siguiendo para ello las reglas de juzgamiento penal militar vigentes para la fecha en que se dictó la sentencia y en acatamiento a la doctrina expuesta por el máximo tribunal, prescindiendo para ello de los vicios que fueron delatados en el fallo objeto de la solicitud de revisión constitucional ejercida por el Ministerio Público.
«Celebro decisión del TSJ que anula la sentencia dictada en 1998 sobre la masacre de El Amparo», escribió la fiscal y agregó que «la revisión de la sentencia sobre El Amparo fue a solicitud del Ministerio Público. El TSJ ordena a la Corte Marcial que dicte una nueva decisión».