La medida de asistencia técnica a favor de la Policía del Municipio Chacao, tomada por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, demostró que las funcionarias y funcionarios policiales relacionados con violaciones a los derechos humanos no habían sido separados de sus cargos.
“Nosotros podemos decir que no hubo una actuación eficiente de la Oficina de Control de Actuación” de este organismo, sostuvo Edgar Barrientos, viceministro del Sistema Integrado de Policías. “Como es una violación de derechos humanos tiene que haber de inmediato una suspensión de los funcionarios”, pero no fue así. El equipo del Mpprij instalado en la sede de Polichacao constató que las uniformadas y los uniformados están activos; “dos de ellos pidieron la baja por propia solicitud y se fueron de la institución”, pero no por este caso.
¿Por qué no fueron separados de sus cargos? “Por eso es que hay negligencia en el proceso de la Oficina de Control de Actuación Policial. Y de todas maneras se les recomendó de inmediato que esas personas tenían que ser suspendidas, que apliquen lo que dice la ley”, enfatizó Barrientos.
La asistencia técnica busca detectar desviaciones y dar recomendaciones, aclaró.
¿Está ocurriendo en otras policías? “Pudiera ser que esté ocurriendo y no ha salido a la luz pública. Entonces eso nos obliga a nosotros a revisar nuevamente, hacer inspecciones y supervisiones en los diferentes cuerpos de policía para, de estar sucediendo, poder detectar a tiempo estas anormalidades y tomar las acciones correspondientes”.
Barrientos anunció que se prestará asistencia técnica, en distintas áreas, a 134 cuerpos de policía, pero especialmente en el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial.
En Chacao hay aproximadamente mil funcionarias y funcionarios policiales, “y no todos cometen este tipo de irregularidades. Por tanto, es un caso puntual”. En otras palabras, Polichacao no tiene orden de suspensión de servicios y funciona normalmente.
LLAMADO A LA CORDURA
Como director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el comisionado Luis Fernández recalcó que, en caso de violación de los derechos humanos por parte de un organismo de seguridad, la ley establece que se debe proceder de forma inmediata a la suspensión del ejercicio de las funciones hasta que “se desarrolle el resultado de la investigación propiamente disciplinaria y la investigación penal”.
El video de violaciones a los derechos humanos en la sede de Polichacao, mostrado en la Asamblea Nacional por la diputada socialista Cilia Flores, evidencia el uso de un perro de raza rottweiler para amedrentar a un grupo de detenidos.
“Los perros se utilizan en los cuerpos de seguridad para trabajos con drogas, detectar drogas; para trabajos para detectar explosivos, para tratar el tema de huellas y muchas otras áreas de apoyo. Tradicionalmente en búsqueda, por ejemplo, pero jamás para utilizarlo en contra de un ser humano”, condenó Fernández.
Hizo un llamado a todos los jefes policiales, los alcaldes y los responsables de los distintos organismos de seguridad ciudadana para que, ante “conductas tan graves como ésta, los propios representantes de las organizaciones policiales impulsen el proceso penal y además apoyen al Ministerio Público” en las investigaciones.
Cuando funcionarias o funcionarios de la PNB están involucrados en violaciones a los derechos humanos “hemos ejecutado de forma inmediata la suspensión del cargo y sueldo, y además hemos procedido en el tiempo perentorio que establece la ley a la expulsión de los funcionarios de la Policía Nacional; adicionalmente hemos facilitado el camino” para la investigación, detalló Fernández.
“En la Policía Nacional Bolivariana tenemos un caso de violación de derechos humanos”, explicó el comisionado. “Inmediatamente se procedió y el funcionario fue expulsado de la organización policial cumpliendo todos los procesos que establece la ley y garantizando el debido proceso”.