El Gobierno argentino estudia habilitar un hospital público para llevar a cabo operaciones de cambio de sexo y evitar, de esa forma, las “intervenciones quirúrgicas ilegales”, informó este miércoles el viceministro de Salud, Daniel Gollan.
En declaraciones a radio La Red, el viceministro explicó que el Ejecutivo de Cristina Fernández “está reglamentando una ley que le da una serie de derechos” a las personas que quieran cambiar de sexo, un grupo, dijo, “que es reducido”.
Según afirmó Gollan, la idea del proyecto es “evitar prácticas e intervenciones quirúrgicas ilegales”.
“Es un lugar donde tenemos que poner fuertemente el ojo”, afirmó el viceministro de Salud, quien apuntó que el Gobierno “pondría un hospital público para que no les terminen inyectando silicona industrial y se mueran”.
“Son unas 2.000 personas aproximadamente las que debemos abarcar con la ley de Identidad de Género, evitando una serie de procedimientos en búsqueda de su identidad que a veces no son adecuados”, añadió.
La iniciativa del Ministerio argentino de Salud se suma a la planteada por una legisladora de Buenos Aires, que causó revuelo este martes al darse a conocer en los medios locales.
El proyecto impulsado por la legisladora porteña kirchnerista María Rachid, en conjunto con la Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans (FALGBT), propone pagar un subsidio mensual de 8.000 pesos (unos 930 dólares) a personas trans mayores de 40 años.
Rachid defendió el proyecto argumentando que los transexuales de mediana edad son “sobrevivientes”.
“La vida promedio de las personas trans es de 35 a 40 años y viven en una situación de extrema marginación, imposibilitados de insertarse en el mercado laboral”, aseguró la legisladora.