El Gobierno Nacional ha intervenido 15 urbanismos en el estado Bolivar, por denuncias de estafas inmobiliarias y otras irregularidades cometidas en prejuicio de compradores de viviendas.
Así lo informó este viernes, Roselys Salazar, presidenta de la Comisión Permanente de Servicios Públicos y Desarrollo Social del Consejo Legislativo de Bolívar, quien explicó que los urbanismos se encuentran en su mayor parte en Ciudad Guayana y algunos casos en Ciudad Bolívar, (la capital del estado).
“Aún no tenemos personas detenidas en el marco del proceso que adelanta la Fiscalía General de la República, contra los constructores y empresarios que han estafado a las familias, pero ya tenemos intervenidos 15 urbanismos en los que se ha verificado la existencia de irregularidades”, agregó.
Salazar ofreció la información al concluir una jornada de discusión de la nueva Ley de Arrendamiento, efectuada en el Estadio Centro Total de Entretenimiento Cachamay (CTE-Cachamay), en Ciudad Guayana.
Esta actividad contó con la presencia de los comités de pobladores del municipio Caroní y de la Red de Inquilinos del estado Bolívar, además de diputados estadales y funcionarios del Instituto Nacional para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis).
La parlamentaria informó que en Bolívar activaron un plan contra el fraude, estafa y usura, liderado por el Indepabis con apoyo de varios organismos del Estado venezolano.
Salazar señaló que hasta el momento, se han registrado oficialmente 3 mil 200 familias afectadas por distintos tipos de estafa, las cuales incluyen incumplimiento en los plazos de entrega de las viviendas, cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor (IPC), exigencia de cuotas adicionales no estipuladas en el contrato inicial y abandono total de la obra.
En este sentido, invitó a la población a presentar sus denuncias ante las oficinas del Indepabis en todo el estado, esto para proceder a inspeccionar y dialogar con las partes, a los fines de lograr una respuesta que satisfaga al comprador.
“En caso de que la situación se complique, la denuncia servirá para activar los mecanismos legales que permitan sancionar a la empresa o particular involucrado en la estafa inmobiliaria, pues se trata de un hecho que viola uno de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, como es el derecho a la vivienda digna”, acotó.
En este punto, descartó que exista una “cacería de brujas” contra los empresarios dedicados a la construcción y venta de unidades habitacionales.
“La prioridad del trabajo del Indepabis y demás entes involucrados en el tema es que se respete y cumpla lo estipulado en el contrato entre las promotoras y los usuarios, tal y como debe ser en un Estado de derecho”, manifestó Salazar.
Por otra parte, destacó el éxito de la jornada de discusión con los comités de pobladores del municipio Caroní sobre la nueva Ley de Arrendamiento.