El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a través de un comunicado difundido por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores (Mppre), expresa su “denuncia irrevocable” del «Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados» de 1966, el cual instituye el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
El documento oficial explica que la resolución del Estado venezolano obedece al mandato de la Constitución Nacional, que ordena proteger “el derecho del pueblo venezolano a decidir las orientaciones estratégicas de la vida económica y social de la nación, sustrayéndolo de una jurisdicción internacional que ha fallado 232 veces a favor de los intereses transnacionales, en las 234 causas que ha conocido a lo largo de su historia”.
Venezuela ratifica que seguirá implementando políticas de defensa de la soberanía nacional, particularmente en lo relativo a la propiedad de activos estratégicos, ofreciendo siempre justa compensación a las personas naturales y jurídicas eventualmente afectadas, conforme a las leyes venezolanas.
El pasado 8 de enero el presidente de la República, Hugo Chávez, anunció que su Gobierno no reconocería las decisiones del Ciadi, instancia dependiente del Banco Mundial (BM), ante las amenazas de la petrolera Exxon Mobil por la expropiación de sus activos en la Faja Petrolífera del Orinoco.
“Pagamos lo que haya que pagar de verdad, ahora nos amenazan con el Ciadi, de ese Ciadi tenemos que salirnos nosotros, lo digo de una vez no reconoceremos las decisiones de Ciadi alguno, no lo reconoceremos”, insistió el mandatario durante el primer programa Aló, Presidente transmitido en 2012.
A continuación el texto íntegro del documento oficial:
Gobierno Bolivariano denuncia convenio con Ciadi
República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores
Comunicado
El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela formalizó el día 24 de enero ante el Banco Mundial, su denuncia irrevocable del «Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados» de 1966, el cual instituye el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
Venezuela se adhirió a este Convenio en 1993, por decisión de un gobierno provisional débil y desprovisto de legitimidad popular, presionado por sectores económicos transnacionales que participaban del desmantelamiento de la soberanía nacional venezolana.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 invalida, en su espíritu y en su letra, las disposiciones del mencionado Convenio, cuando reza en su Artículo 151 que «en los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras».
Conforme al mandato constitucional, el Gobierno Bolivariano ha actuado con el fin de proteger el derecho del pueblo venezolano a decidir las orientaciones estratégicas de la vida económica y social de la nación, sustrayéndolo de una jurisdicción internacional que ha fallado 232 veces a favor de los intereses transnacionales, en las 234 causas que ha conocido a lo largo de su historia.
El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela seguirá implementando políticas de defensa de la soberanía nacional, particularmente en lo relativo a la propiedad de activos estratégicos, ofreciendo siempre justa compensación a las personas naturales y jurídicas eventualmente afectadas, conforme a las leyes venezolanas.
La República Bolivariana de Venezuela continuará trabajando junto las naciones del mundo para que las instituciones internacionales dejen de ser las guardianas de intereses hegemónicos, y contribuyan a consolidar un mundo pluripolar y en equilibrio, de acuerdo con los principios fundadores del Derecho Internacional.
Caracas, 25 de enero de 2012