La norma, explica el experto, busca estabilizar el sistema productivo y financiero e incentivar la inversión extranjera a gran escala
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La Ley Antibloqueo presentada por el presidente Nicolás Maduro tiene el objetivo de restablecer el sistema económico, afectado por el despojo de activos de la nación en el exterior y por las medidas coercitivas del Gobierno de Estados Unidos.
Se trata de fortalecer «la actuación del poder del Estado frente a las medidas restrictivas. Esto es, superar obstáculos que pudieran generarse frente a determinadas situaciones que afectan al patrimonio venezolano o a los actos de despojo o inmovilización económica», explicó el constituyente Hermann Escarrá en entrevista con la Agencia Venezolana de Noticias.
En tal sentido, la Ley Antibloqueo se basa en las facultades y procedimientos del Ejecutivo en el equilibrio macroeconómico, comercial y de inversiones, señaló.
Parte de los objetivos es recuperar la infraestructura pública y la capacidad productiva nacional, tomando decisiones para desaplicar determinadas normas legales en casos muy específicos, con un control preventivo del Consejo de Estado.
«Ante la imposibilidad, producto de una norma o un procedimiento, hay potestad para desaplicar y poder avanzar en estas políticas y procedimientos que plantea este proyecto de ley”, precisa.
La norma, continúa el experto, busca la estabilidad del sistema productivo y financiero, la aplicación de la inversión extranjera a gran escala y la sustitución selectiva de importaciones, además de los 16 motores productivos.
Su contraprestación es la recuperación de la calidad de la vida, sobre todo de los más débiles y vulnerables, destaca.
Resaltó que los ataques a la economía nacional forman parte de una estrategia planificada en Estdos Unidos con “un gobierno paralelo y usurpado fuera del marco constitucional», en referencia al autoproclamado Juan Guaidó.
PROTECCIÓN DEL SALARIO
Este texto ayudará al desarrollo armónico, a la generación de fuentes de trabajo, a consolidar un alto valor agregado nacional, a elevar el nivel de vida de la población y a fortalecer la soberanía, indicó.
Plantea «desarrollar sistemas compensatorios de salarios o del ingreso real de los trabajadores y trabajadoras, financiar el sistema de protección social, así como la tutela en los derechos humanos; lograr una mayor capacidad en los servicios públicos de mayor calidad, de impulsar la capacidad productiva nacional».
El 29 de septiembre, el Jefe del Estado presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el proyecto en respuesta al recrudecimiento del bloqueo económico, financiero, comercial y las amenazas militares de Estados Unidos.
Además es una acción legal para contrarrestar las medidas coercitivas unilaterales de otros Estados, grupos de Estados, instancias privadas y públicas internacionales como método de presión para propiciar cambios de gobierno.
“En el orden económico se podría decir que la economía venezolana en el ámbito nacional e internacional se ha visto afectada en sus relaciones comerciales, financieras, los inversores extranjeros de manera directa e indirecta, por las medidas coercitivas y unilaterales», dijo el entrevistado.
Escarrá recordó que la desestabilización promovida por Guaidó y su grupo político ha procurado que se apropien de los bienes y activos del país en el exterior.
Debido a estas agresiones el Ejecutivo impulsa un proyecto de ley que coordinará la acción de todos los poderes públicos para defender la soberanía económica, el bienestar social y el derecho al desarrollo.
Recalcó que esta herramienta jurídica no es improvisada, fue evaluada y planificada en aras de los intereses patrimoniales de la República, acciones que continuarán con la nueva Asamblea Nacional (AN) que será elegida el 6 de diciembre.
Precisó que las medidas coercitivas unilaterales, así como las medidas restrictivas o punitivas contra la nación son delitos de lesa humanidad y “sin lugar a dudas esta ley está dirigida a la protección y favorecimiento de los derechos humanos del pueblo».
SOBERANÍA ECONÓMICA
La Ley Antibloqueo plantea también la recuperación del ahorro y mecanismos jurídicos varios para la protección del patrimonio nacional, revocar o impedir actos de inmovilización o pérdida de control de activos, pasivos o pérdidas patrimoniales de la República.
Escarrá señala que se preservará el alcance, la razón de ser del artículo 303 de la Constitución, que se refiere a que el Estado conserve la totalidad de la acciones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
«Una cosa son las negociaciones, la operativa, seguramente los contratos de carácter estratégico y otra cosa es la propiedad de Pdvsa. La propiedad de Pdvsa y la soberanía economía de la nación no están en juego en esta ley ni en cualquier otra», destacó.
RESERVA DE INFORMACIÓN
Respecto al mecanismo de reserva de información, dijo que está dirigida, en apego al artículo 325 de la Constitución, a “hacer movimientos tácticos económicos, defensa y demás asuntos de planificación nacional”.
Esto es, “para cerrar el paso a los antagonistas al Gobierno de Venezuela tiene un fundamento en el artículo 325 de la Constitución y de ninguna manera afecta el principio de libertad de información, expresión o pensamiento”, recalcó.
El Presidente de la República tendrá unos primeros 30 días para dictar las medidas para hacer frente a los hechos tan graves de los que ha sido víctima el país, agregó.
Con el bloqueo económico y financiero que ejerce la administración de Donald Trump para tratar de deponer al presidente Maduro y atacar al pueblo, Venezuela ha perdido más de 30.000 millones de dólares.
También han sido congelados activos y cuentas en el exterior, que pueden ser usados para atender las necesidades del pueblo venezolano.
Por otra parte, fue confiscada en Estados Unidos, con el apoyo de la derecha venezolana, la refinería de Citgo, filial de Pdvsa.
Asimismo, empresas como la petroquímica Monómeros, ubicada en Colombia, como también están retenidos 31 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra, en Reino Unido.
T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas
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