El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) atiende a 536 personas estafadas por inmobiliarias en el urbanismo Monte Mayor, ubicado en el municipio San Diego del estado Carabobo, a fin de garantizar el derecho a la propiedad de los adquirientes de apartamentos en el referido conjunto residencial, de acuerdo con los lineamentos establecidos por el Gobierno Bolivariano.
Durante la reunión que sostuvieron este domingo las víctimas y representantes del Ejecutivo Nacional, la coordinadora de Indepabis Carabobo, Iramarú Herrera, explicó que el organismo verifica los documentos de cada uno de los copropietarios o adquirientes de inmuebles, ofertados por la empresa privada Construcciones Coyserca, los cuales presentan demora de más de 3 años en la entrega de los inmuebles.
Dijo que Indepabis revisa los documentos, debido a que la empresa Coyserca presentó 536 oportunidades o apartamentos vendidos, mientras que para los copropietarios existen solamente 450 unidades habitacionales vendidas.
“Esto significa que debemos realizar una verificación de los legítimos copropietarios, para determinar cuántos apartamentos están asignados y cuáles de los que están concluidos tienen por asignar”, agregó.
Recordó que la medida de ocupación temporal, adoptada por el Ejecutivo Nacional el pasado 31 de octubre, se llevó a cabo de acuerdo con las denuncias presentadas por las personas afectadas por el cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) o ajuste de precio por inflación. Por ello, se debe garantizar la entrega de los inmuebles a los adquirientes.
Por su parte, Clairet Alvarez, quien forma parte del grupo de personas estafadas por la empresa privada Construcciones Coyserca, refirió que contrató con esta empresa la adquisición de un apartamento en el urbanismo Monte Mayor, en 2006, “y nos prometieron la entrega del inmueble en 2008, y hasta la fecha seguimos esperando, debido a que el conjunto tiene habitabilidad, pero no podemos solicitar el crédito por diferentes inconvenientes en certificados y solvencias”.
Del mismo modo, Karla Anaya, en su condición de vocera de un grupo de 200 familias, señaló que realizó el contrato de compra-venta con Coyserca, mediante un sistema denominado por esta empresa privada, Vivienda Fácil, “que es un sistema que permite pagar la totalidad del apartamento en 150 cuotas, como máximo, sin inicial y sin intereses”.
“Nosotros, por la dificultad de conseguir la inicial para la compra del inmueble, optamos por ese plan, que ajustaba mensualmente el IPC. Entramos en este plan, porque a los dos años entregaban el apartamento, y no nos veríamos afectados por los embates de la inflación. Actualmente tengo tres años y medio cancelando el inmueble y no lo han entregado”, aseveró.