El ministro del Poder Popular para el Comercio, Richard Canán, informó que 31 empresas constructoras serán investigadas por cobrar de manera ilegal el Índice de Precios al Consumidor (IPC), a personas que compraron viviendas en diferentes urbanismos privados.
En rueda de prensa desde la Vicepresidencia Ejecutiva de al República, el titular de Comercio anunció que por instrucción del Ejecutivo Nacional, se instaló este lunes una mesa técnica de trabajo la cual permitirá “identificar los urbanismos, ver los niveles de desarrollo y abordar, desde el punto de vista administrativo y legal, cada una de las acciones”.
El alto funcionario aseguró que las 31 constructoras identificadas tienen distintos urbanismos en diferentes niveles de acabado. Al respecto, explicó que hay inmuebles totalmente concluidos, apartamentos que están a medio terminar y obras que están totalmente paralizadas.
Señaló que muchas de estas viviendas han sido vendidas desde el proyecto o desde los terrenos, y agregó que “en ambos casos se ha encontrado que los propietarios de las constructoras pretenden aumentar el precio inicial de los inmuebles, cuyos montos ya habían sido establecidos en los contratos firmados por los ciudadanos”.
Este cobro ilícito, a su juicio, obedece a “la ineficiencia por parte de las constructoras, a las que se les retrasa la obra y entonces la familia que está adquiriendo la vivienda debe pagar esa ineficiencia”. En ese sentido, subrayó que el Gobierno Nacional no va a permitir este tipo de acciones ilegales que atentan contra el derecho a la vivienda.
Desde el Gobierno Nacional, resaltó, se ejercerán todas las acciones administrativas y penales que sean necesarias, con el propósito de resarcir los daños ocasionados por estas empresas a las miles de familias venezolanas que han sido afectadas por esta práctica ilegal, mediante la intervención de la mesa técnica de trabajo.
Ésta iniciará sus acciones en los urbanismos localizados en Caracas, Valencia, Miranda, Anzoátegui, Lara y Nueva Esparta. Añadió que en esas entidades van “a concentrar los esfuerzos de vigilancia”.
Detalló que además del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), y del Ministerio del Poder Popular para el Comercio, el equipo de análisis también contará con la participación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el de Vivienda y Hábitat, la Asamblea Nacional y los comités de afectados.
El ministro apuntó que dentro de las denuncias realizadas por las personas estafadas destacan incrementos de 300% sobre el valor inicial del inmueble que estaba estipulado en el contrato. “Ahora vienen estas constructoras y pretenden romper los contratos y hacer un contrato nuevo que duplica y triplica el costo inicial de la vivienda.
Asimismo, exhortó a todas las personas afectadas a realizar sus denuncias a través del número telefónico 0-800-INDEPABIS (0-800-463372247) o acudir a las oficinas regionales del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, ubicadas en el territorio nacional.
LOS ESTAFADOS
Horacio Rangel, representante de las personas estafadas en el urbanismo San José del Ávila, comentó haber acudido a todos los organismos del Estado y que, “gracias a la acción contundente de las instituciones involucradas, estamos articulando para hacer realidad el derecho a la vivienda”.
Rangel especificó que a consecuencia de las acciones ilícitas emprendidas por las contratistas en contra de las personas que han adquirido algún inmueble muchas familias se han visto afectadas. “Ha habido disolución familiar, problemas de salud, toda una problemática social que se ha venido generando por la situación que hemos confrontado miles de personas estafadas en todo el territorio nacional”, expresó.
Luisa Calzada, vocera de 8 urbanismos afectados por el cobro del IPC, aseveró que las empresas constructoras actúan como un cartel, “porque accionan de la misma manera”. Además mencionó que las mismas han ocasionado “dramas humanos”, debido a que se han disuelto familias que tienen que pagar altos alquileres en donde habitan, adicional a las cuotas de las nuevas viviendas, o en el peor de los casos, “arrimados en casas de familiares”.
“La vivienda es un derecho fundamental y en ese sentido, estamos agradecidos por la acción contundente por parte del Gobierno, al convocarnos en la Vicepresidencia para darnos respuestas a este drama que miles de familias estamos viviendo”, aseveró Calzada.
Por último, hizo un llamado a todas las personas estafadas a denunciar a las empresas contratistas que accionan de manera ilegal , dado que en Venezuela “hay un Gobierno que nos apoya. No nos dejemos estafar”.