Desde el año 2000, durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, hasta la fecha, en México se han registrado 100 mil ejecuciones por supuestos problemas de narcotráfico, señala Judith Galarza, secretaria ejecutiva de la Fundación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos.
“México es una tumba, es el mismo modelo que están aplicando y le aplicaron a los colombianos. En todo el territorio hay cientos de fosas clandestinas, y más de 100 mil asesinados prácticamente en 12 años», aseguró.
Entrevistada en el programa Conciencia de Vida, transmitido por el Canal Clásico de Radio Nacional de Venezuela, comenta que el tema de las desapariciones no es nuevo, desde la década de los 70 se han contabilizado 800 campesinos desaparecidos, sumado a las más de 50 mil detenciones y desapariciones perpetradas en las últimas dos décadas.
En lo que va de gestión del Presidente Enrique Peña Nieto se han contabilizado más de 330 casos de agresiones a defensores de los derechos humanos en México.
Esta es una realidad que ocultan los medios privados, que en su mayoría están alineados con la política de Peña Nieto, orientada a favorecer los intereses de quienes ostentan el poder en México, apunta.
LA POLICÍA TENÍA LA ORDEN DE ATACAR A LOS ESTUDIANTES
Cerca de tres horas duró la represión contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre en Iguala, estado de Guerrero, cuando se registró el deceso de seis personas y la desaparición forzada de 43 manifestantes, relata la activista por los Derechos Humanos de México, al sumarse a la denuncia mundial que señala la responsabilidad al Estado mexicano en estos hechos.
“La policía se los llevó (…) El Ejército y la Policía Federal Preventiva hizo una especie de bloqueo para que nadie pasara hasta que terminará la represión, hubo muchos heridos, pero se llevaron a 43 personas porque no cabían más en las camionetas», aseguró.
Los estudiantes habían organizado una movilización que tenía entre sus objetivos sabotear una reunión en Iguala, en la que el hoy ex alcalde pretendía presentar a su esposa como posible candidata para sustituirlo en el cargo.
Entrevistada en el programa Conciencia de Vida, señala que estos jóvenes con conciencia de clase, defendían un modelo que está en la mira del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Los 43 estudiantes desparecidos, son apenas “unos niños”, con edades entre 19 y 25 años, en su mayoría campesino indígenas, de procedencia humilde, que se estaban formando bajo una visión socialista, humanista, para retornar a sus comunidades de orígenes para seguir trabajando.
Galarza, quien se inició como activista de los Derechos Humanos en 1978, a raíz de la desaparición forzada de su hermana Leticia, próxima a cumplir 36 años de desaparecida, reitera que los familiares están exigiendo la entrega con vida de los 43 estudiantes, “ ellos saben donde están, ellos saben qué pasó, pero no lo quieren decir”.