El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, juramentó este miércoles la Comisión de la Verdad y la Justicia, que se encargará de investigar los hechos ocurridos en Caracas el 27 de febrero de 1989 conocido como “El Caracazo”, así como violaciones de los Derechos Humanos durante la cuarta República.
“Gracias a la constancia de un pueblo y la constancia del Estado Bolivariano es posible tener hoy una Comisión de la Verdad y la Justicia”, expresó Cabello durante la conmemoración de los 24 años del 27-F realizada en la Plaza Caracas.
Señaló que la instancia tendrá la tarea de «revisar hasta el último rincón de la Patria para que demostremos al mundo como eran las cosas en Venezuela” cuando gobernaba la cuarta República.
Puntualizó que la comisión se constituye y juramenta por orden del presidente de la República, Hugo Chávez, y por mandato constitucional.
La Comisión de la Verdad y la Justicia estará integrada por Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República , Gabriela Ramírez, defensora del Pueblo y postulados por el Gobierno del presidente, Hugo Chávez: José Vicente Rangel, Tareck William Saad, Jorge Rodríguez, padre José Numa Molina , y por la Asamblea Nacional el diputado Orangel López, Edgar Lucena, Claudio Farias y Lide Sol Velazquez.
También conformarán la Comisión, por el Frente Social de Familiares y Víctimas, María del Mar Lovera, Luis Brito García, Mónica Venegas, Antonio Arias, Pura Soto Rojas, Elia Oliveos, Raquel Castro David Paliz, Alejandro Batardo, así como Omar Narvaes, Lide Navas, Humberto Vargas, Alberto Lovera, Tatania Gabaldon, Mareli Pérez Marcano, Brenda Ezquivel, Angel Susarmini y Aramita Padrino.
La instancia tendrá como asesores políticos al diputado Fernando Soto Rojas, Vladimir Acosta, Nora Castañeda, Paul de Río y José Ignacio Ramírez.
El pasado 18 de octubre del 2011 el Parlamento venezolano aprobó el proyecto de Ley para sancionar Crímenes, Desapariciones, Torturas y Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el período 1958-1998.
Tras su aprobación, la normativa establece la creación de la referida Comisión que permitirá esclarecer los delitos cometidos durante los gobiernos del Pacto de Punto Fijo, dar con los responsables y conseguir cuerpos y restos humanos que durante décadas han estado desaparecidos.