Ramón Jaime es uno de los maestros que manifestó el lunes en la tarde frente a la gobernación de Carabobo. Jaime lleva dos años de lucha para hacer cumplir el dictamen de la Inspectoría del Trabajo local: Debe ser reenganchado en sus labores inmediatamente. Pero pasan los días y nada se concreta.
A pocos metros de la gran puerta de la sede del Ejecutivo carabobeño, Jaime levantó su pancarta y sacó de su bolsillo el pito. A las 9:00 am un emisario de la gobernación comunicó a la multitud que pronto saldría un alto funcionario al encuentro de la masa. “Esperamos casi todo el día y no nos atendieron nunca”, recapituló.
“Cristina Grimaldi (secretaria privada del gobernador) se había comprometido con nosotros a sostener una reunión. No salió tampoco a dar la cara”, refirió.
“En eso un oficial de Policarabobo ordenó abrir fuego. Es más, gritó algo así como ¡represión! Paralelamente otro policía percutió una pajiza”. Sobre su cuello y sus brazos sintió el apretujón de no pocos efectivos, cuyos jalones carecían de delicadeza. “Me obligaron a subir a la perrera (unidad móvil)”. Cuenta todo lo que le hicieron: “Me dieron por el intercostal izquierdo, lo cual me produjo una inflamación. También me dieron con un tubo en las piernas y en las manos. A muchos de los nuestros los lanzaron contra el piso y los golpearon. De nuestro lado recibimos perdigones, golpes y cárcel”.
La secretaria de finanzas del sindicato de maestros Sutrabase, Beatriz Gómez, sostuvo que la violencia se activó cuando los policías gritaron que fueron agredidos por los docentes. “De repente, el jefe policial, de apellido Ramírez, dijo: ‘denles con todo’. Se ensañaron con más ahínco contra nuestros compañeros Pablo Véliz, Amílcar Gutiérrez y Rodolfo Bononi”.
“De igual manera contra Ramón Jaime y la profesora Libia Jiménez, a quien le destrozaron el tabique nasal. La profesora Raquel Otaiza recibió perdigonazos en la frente cerca del ojo; casi lo pierde”, contó.
METER LA LUPA
Tras el episodio, las maestras y los maestros del sindicato Sutrabase solicitaron ayer al Gobierno Nacional la intervención del órgano armado y de la secretaria de Educación, ambos dependientes de la administración Salas.
Casi en el mismo lugar de los hechos, los docentes se aglutinaron ayer; está vez, en compañía de movimientos sociales de Valencia.
El secretario general de Sutrabase, Pablo Véliz, informó que hasta la madrugada de ayer estuvieron detenidos él y 14 colegas más en la sede Navas Espínola (Valencia) de la policía estadal. Situación por la cual parlamentarios nacionales y regionales, entre ellos Saúl Ortega, Miguel Flores, Blanca Bustamante, Juan Perozo y María Carrasco, se presentaron para exigir la liberación de los manifestantes.
También instaron al Ministerio del Poder Popular para la Educación que intervenga la secretaría de educación.
“Por ejemplo, a 700 educadores no les pagan sus prestaciones de antigüedad desde 2005. El gobierno de Salas mantiene a más de 400 docentes en calidad de suplentes, sin la contraprestación que corresponde por la ley, que por lo menos debe ser de salario mínimo”, agregó.
CUMPLIR CON LA LEY
A juicio de Gómez, “la reacción violenta del gobierno carabobeño es producida por la lucha de 2 mil despedidos, que lograron la reincorporación de casi todos. Quedaron 32 compañeros que no han sido reenganchados”.