Por lo menos 700.000 familias que residen en condición de inquilinato en Venezuela se benefician con la orden emitida a todos los juzgados de ejecución por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para que suspendan temporalmente cualquier medida cuya práctica comporte la pérdida de posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda.
Así lo indicó Andrés Antillano, integrante del Movimiento de Pobladores, quien, junto a otros miembros de esta organización en Caracas, manifestó este martes su apoyo a la resolución del máximo juzgado.
Añadió que a esa cifra se deben sumar los conserjes, quienes habitan pensiones o habitaciones.
La decisión del TSJ es temporal, a la espera del decreto ley del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, que detendrá definitivamente los desalojos arbitrarios de inquilinos.
Estas acciones del máximo juzgado obedecen a la declaratoria de emergencia nacional mediante decreto presidencial, en virtud de los daños ocasionados por las lluvias en las últimas semanas de 2010.