Cuando Antonio Ledezma ganó por primera vez la Alcaldía Mayor de Caracas, su discurso llegó cargado de referencias triunfalistas de moralidad, pulcritud y decencia. Ese mismo Ledezma es el que hoy debe responder ante la justicia venezolana por el llamado a la desestabilización y a la incitación golpista para derrocar un Gobierno elegido tan democráticamente como el que él mismo encabeza en la Alcaldía Metropolitana. Su exaltación de la “salida” propuesta junto a su homólogo de aventuras golpistas, Leopoldo López, y luego el llamado abierto y descarado a una “transición” (eufemismo semántico creado por el Gobierno de Estados Unidos para denominar los procesos de desestabilización financiados fuertemente a través de la Usaid y la NED) han desenmascarado al único y verdadero Ledezma: el que arrastra décadas con las manos manchadas de sangre venezolana.
Quienes tenemos cierta memoria histórica debemos recordarle a los “olvidadizos de turno” que el hoy procesado Alcalde Mayor fue doliente de la derogada y oprobiosa Ley de Vagos y Maleantes, que tanto daño causó a venezolanas y venezolanos inocentes.
Ejemplo hemerográfico de ello encontramos en el extinto diario El Globo: «…Otra denuncia surgió a raíz del desalojo de un grupo de indigentes que se habían asentado debajo de un puente, en Caracas. Hasta allí llegó una comisión de la Policía Municipal, el 15/04/98, destrozando los escasos bienes de 15 personas y golpeándoles con peinillas. Entre las víctimas se encontraba la menor Nairobi Márquez, quien recibió golpes en la cabeza y los brazos. Al respecto, el alcalde Antonio Ledezma se limitó a declarar: ‘De alguna forma hay que sacar a los indigentes […] no es posible hacer un operativo de desalojo con guantes de seda» (Diario El Globo, 17/04/98, Pág. 12).
Él fue quien el 27 de noviembre de 1992 consumó una de las peores masacres en contra de una población civil en Venezuela: el asesinato a sangre fría de 63 privados de libertad en el antiguo Retén de Catia, ejecutados por la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional, que estaban bajo el mando del entonces gobernador del Distrito Federal, el propio Antonio Ledezma. Así lo reconoció además en el diario español El País, en su edición del 1 de diciembre de 1992.
Hoy la mano de la justicia, que a veces tarda más de lo deseado pero llega, lo alcanzó. Y no habrá victimización inducida, manipulación mediática o lobby internacional que limpie a este sujeto de la mancha apátrida y criminal que lo acompaña en su infeliz trayectoria política.