El Ministerio Público (MP) presentó ante el Tribunal 32 de Control el escrito acusatorio contra el ciudadano Ítalo del Valle Alliegro, quien se desempeñó como Ministro de la Defensa en el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, y quien dirigió a las tropas militares que fueron sacadas a las calles para responder a la protesta social conocida como El Caracazo, ocurrida en febrero de 1989.
El director de Actuación Procesal del MP, Alejandro Castillo, informó, además, que a Alliegro se le está acusando por los delitos de homicidio intencional calificado cometido con alevosía en grado de complicidad necesaria, y por el quebrantamiento de convenios y pactos internacionales válidamente suscritos por Venezuela.
“Estos delitos están tipificados en el Código Penal venezolano. Presentada la acusación, el Tribunal fijará la oportunidad para la audiencia preliminar”, que espera se anuncie entre diez y veinte días.
Asimismo, Castillo destacó que el acusado es procesado en libertad, a la vez que indicó que la pena por los delitos cometidos pueden llegar hasta 39 años de prisión.
“La pena por el delito de homicidio intencional calificado cometido con alevosía en grado de complicidad necesaria tiene una pena de 15 a 20 años y el de quebrantamiento de pactos y convenios internacionales tiene una pena máxima de 4 años”, señaló.
Igualmente, recordó que en el año 1989 “se hizo una indebida implementación la Fuerza Armada Nacional para tratar de contener a los ciudadanos que se volcaron a las calles. Ese es el motivo por el cual se está acusando al ciudadano Ítalo del Valle Alliegro, por no haber llevado de manera correcta la implementación de lo que denominaron el Plan Ávila”.
Decreto número 49
El 16 de enero de 1989, Carlos Andrés Pérez asumió por segunda vez la presidencia de la República, alertando a los venezolanos que había recibido un país en quiebra, por lo que emitió un paquete de medidas económicas que establecía la liberación de los precios y de las tasas de interés, aumentos en 100% del precio de la gasolina, y 50% de las tarifas de electricidad y teléfono, así como la eliminación de subsidios y del control de cambio.
Adicionalmente, las medidas en materia económica contemplaban endeudamientos adicionales con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y restricción de las importaciones e incentivos para las actividades exportadoras.
Fue el lunes 27 de febrero de 1989 cuando se suscitaron las primeras protestas en Guarenas, estado Miranda, y que posteriormente se acentuaron en la ciudad capital.
El entonces ministro de Defensa de Pérez, Ítalo del Valle Alliegro, anunció la noche del 28 de febrero, por decreto número 49, la suspensión de las garantías constitucionales, quedando suprimidos derechos como la libertad, la seguridad personal, la inviolabilidad del hogar doméstico, a transitar libremente, así como a la libertad de expresión y a manifestar pacíficamente.
Ítalo Del Valle Alliegro fue el ministro de la Defensa que sacó el Ejército a la calle para masacrar al pueblo que voluntariamente salió a las calles a protestar contra el llamado paquete económico de corte neoliberal impuesto por el Gobierno Nacional.
Según cifras oficiales emanadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, los sucesos de febrero de 1989 dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales.
Estos números de víctimas quedaron desvirtuados por la posterior aparición de fosas comunes como La Peste, en el Cementerio General del Sur, donde aparecieron otros 68 cuerpos sin identificar, fuera de la lista oficial.
Fase ejecutiva
Alejandro Castillo también se refirió a la aprobación de la solicitud de extradición que el jueves aprobó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Dijo que el proceso entraba una fase ejecutiva por parte de la Cancillería.
Con ponencia del presidente de la Sala de Casación Penal del TSJ), magistrado Eladio Aponte Aponte, se aceptó la solicitud realizada por los fiscales 4 y 30 con competencia nacional, María Cristina Vispo y Roberto Acosta Garrido, respectivamente, con fundamento en los artículos 391 y 392 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), sobre la extradición activa, y el Tratado de Extradición entre Venezuela y Estados Unidos, país en el que se encuentra el ex mandatario.
De acuerdo con la sentencia número 83, según el expediente 2010-60, se declaró procedente la solicitud hecha por la Fiscalía el 1 de marzo con base en lo establecido en el artículo 392 del COPP, el cual señala que cuando el Ministerio Público tuviera noticias de que un imputado, al cual le ha sido acordada una medida cautelar de privación de libertad, se halla en un país extranjero, solicitará al juez de control que se inicie el procedimiento de la extradición.
Pérez tiene orden de aprehensión desde el 25 de febrero de 2005 por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en grado de continuidad, de acuerdo con el Código Penal.
En respuesta a la aprobación de extradición en su contra, Pérez repartió ayer un comunicado entre algunos medios de comunicación en Venezuela.
Básicamente acusa a los magistrados del TSJ de haber acordado la medida justo cuando acababan de aprobarse jubilaciones equivalentes a 50 salarios básicos, “lo que representa un asalto al patrimonio nacional”.
En 1993, Pérez fue defenestrado de la presidencia de la República por un Congreso Nacional dominado por su partido Acción Democrática, que se adhirió a las acusaciones de corrupción hechas en su contra.