La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció este sábado que en los próximos días el Ministerio Público (MP) procederá a imputar a tres nuevos ciudadanos que participaron directamente en la masacre de Cantaura, ocurrida en octubre de 1982.
Ortega Díaz informó que ya solicitó la medida de imputación para Luis Veliz Guerra, capitán del Ejército y Fiscal Militar, Clemente Eduardo Rojas de La Rosa, jefe de la Brigada Territorial de El Tigre y Guillermo Solano Solano, médico forense de la Medicatura Forense de Anaco, todos en funciones en aquel octubre hace 31 años.
Igualmente dijo que han solicitado dos nuevas órdenes de captura y por razones de seguridad no se puede revelar el nombre de una de estas personas.
“Uno de ellos ya tiene varias órdenes de captura, el es Henry López Sisco, se suma una nueva orden”, destacó. Asimismo detalló que ya existe una solicitud de extradición a Costa Rica para que lo extraditen a Venezuela (esta sería la tercera medida judicial en contra del ex comisario de la extinta División de Servicios de Inteligencia y Prevención Disip, ya que posee una por el caso de la masacre de Yumare y otra por amparo).
La fiscal explicó que una vez aprehendida la segunda persona procederá a informar de quien se trata.
Desde el estado Anzoátegui en un acto de conmemoración de los 31 años de la tragedia que enlutó a 23 familias, la Fiscal manifestó que el compromiso del MP y de ella como autoridad, para que estos hechos de persecución política, asesinato y desapariciones desde el año 1952 hasta 1998 se investiguen, se determine la verdad y se sancione a los responsables es un punto de honor. “Un ejercicio permanente de responsabilidad y compromiso con las víctimas, familiares y con todos los venezolanos”, afirmó.
Por la masacre de Cantaura el Ministerio Público ha imputado al ex director general de la extinta Disip, Remberto Uzcátegui, al ex director de inteligencia de este mismo organismo, José Domingo Yépez, y al comandante del Batallón de Cazadores del Ejército, Ismael Antonio Guzmán.
Finalmente la Fiscal recordó que durante los gobiernos de la cuarta República se practicaba el terrorismo de Estado, la persecución a la disidencia, a los movimientos de izquierda el gobierno de turno los asesinaba y los desaparecía y sumado a esto no existía la voluntad política para investigar y castigar a los culpables de estos crímenes.
Cabe recordar que el 4 de octubre de 1982 un grupo de 23 personas, integrantes del Frente Américo Silva (FAS) del movimiento de izquierda Bandera Roja, fueron masacrados por el organismos de seguridad del Estado, bajo las ordenes del gobierno de Luis Herrera Campíns.